El sociólogo progresista tomará las riendas del país tras superar numerosas trabas judiciales para invalidar su victoria. Su promesa de luchar contra la corrupción le enfrenta a grandes retos.
GUATEMALA.- Este domingo se verá en Guatemala una imagen que hace medio año parecía imposible. El sociólogo progresista Bernardo Arévalo (Montevideo, 65 años) será investido como presidente del país centroamericano en una ceremonia en el centro cultural Miguel Ángel Asturias de la capital. Si no hay sorpresas de última hora, algo que pocos se atreven a descartar tras un largo proceso de transición de poder cargado de obstáculos judiciales y en el que el propio presidente electo ha denunciado un intento de golpe de Estado para evitar que tome posesión, al líder del Movimiento Semilla le impondrán la banda presidencial en un acto al que acudirán una decena de mandatarios latinoamericanos y el Rey de España.
Arévalo, un diplomático experto en resolución de conflictos que también ha sido diputado, asumirá la Presidencia con la principal promesa de luchar contra la corrupción para poder atajar después los problemas del país más poblado de Centroamérica, con más de 17 millones de habitantes, altos índices de pobreza y desigualdad y grandes necesidades de desarrollo en educación, salud o infraestructuras. Su oferta electoral le ha enfrentado de lleno a lo que en Guatemala llaman el “pacto de corruptos”, una alianza informal de políticos y élites burocráticas y empresariales que se protegen entre sí para mantener el poder. Las muestras más recientes se dieron tras la inesperada victoria de Arévalo en la primera vuelta de junio y su posterior triunfo en agosto, cuando desde el Ministerio Público encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras, comenzaron una serie de intentos de descarrilar la transición de poder por la vía judicial.
Esos intentos fracasaron principalmente gracias a la firme defensa de la democracia y del voto de los guatemaltecos impulsada por los movimientos indígenas de todo el país, que llevan más de 100 días de resistencia con distintas acciones, como un plantón frente a la sede del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. Y también por la constante condena de la comunidad internacional, que ha denunciado cada ofensiva de la Fiscalía para evitar la investidura del presidente electo e inhabilitar a su partido, el Movimiento Semilla.
A última hora de la tarde de este sábado, sin ir más lejos, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunció en una rueda de prensa con Arévalo la adopción de un “marco jurídico de sanciones que podrá ser aplicado contra los que dificulten el normal desarrollo el proceso democrático en Guatemala”. Su visita al país centroamericano, dijo Borrell, “es la demostración del compromiso firme de la Unión Europea con el pueblo de Guatemala y su democracia, una democracia que ha estado amenazada y que estamos aquí para defender y apoyar”, añadió.
Y pese a que un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad a mediados de diciembre ofrecía garantías para que Arévalo sea investido este domingo, Guatemala aún vive en la incertidumbre de si se respetará la toma de posesión o tratarán de frenarla con alguna embestida judicial de última hora. Entre las incógnitas está también si el presidente saliente, Alejandro Giammattei, bajo cuyo Gobierno ha habido un incremento del autoritarismo, acudirá al acto del Congreso como estaba previsto o no asistirá; y también si se garantizará la toma de posesión de la bancada del Movimiento Semilla para poder operar e incluso presidir una cámara en la que el oficialismo estará en minoría.