José Ofilio Gurdián Lacayo y tres familiares son dueños de una fábrica de baterías que generó contaminación con plomo y afectó a más de siete mil personas en San Juan Opico.
EL SALVADOR.- José Ofilio Gurdián Lacayo, tenía circular roja de Interpol, señalado como responsable por contaminación de plomo, y fue capturado en Bogotá a principios de noviembre.
La familia Lacayo es considerada como una de las más poderosas de El Salvador y entre sus integrantes figuran un exministro y varios empresarios reconocidos en el país. Varios integrantes de la familia Lacayo estaban prófugos de la justicia de El Salvador por delitos ambientales, pues poseían una fábrica de baterías que generó contaminación con plomo y afectó a más de siete mil personas en el municipio de San Juan Opico.
Los dueños de la empresa huyeron del territorio salvadoreño con rumbo a Estados Unidos, por lo tanto, la Interpol emitió circular roja en su contra.
Según medios internacionales, Migración de Colombia y la Dijín identificaron la llegada a Bogotá de José Gurdián Lacayo el 5 de noviembre de este año.
El prófugo llegó a territorio colombiano procedente desde Estados Unidos y, al parecer, se presentó con un pasaporte nicaragüense; sin embargo, las autoridades colombianas corroboraron su identidad y lo detuvieron.
Al ser cuestionado sobre los motivos para su ingreso a Colombia respondió que su viaje era de negocios.
Las autoridades colombianas trasladaron al salvadoreño hasta la cárcel La Picota de Bogotá y según se ha conocido ya se inició el proceso de extradición de José Ofilio Gurdián Lacayo a El Salvador.
¿Cuál fue el daño ambiental causado por los Lacayo?
En 1995 llegó al sector del cantón Sitio del Niño, en el municipio de San Juan de Opico, la fábrica de Baterías de El Salvador S.A de C.V., una empresa dedicada a la producción de baterías de carros y el reciclaje de las mismas.
La empresa pertenecía a un grupo de socios integrado por el exministro de Economía de El Salvador, Miguel Lacayo Argüello; Ronald Lacayo, José Gurdián Lacayo y Sandra Lacayo; Cecilia Escapini, Domingo Call y Dimas Alvarenga.
Según los registros, desde 2003 surgieron las primeras denuncias del daño ambiental de la fábrica que compraba piezas dañadas, les extraía el ácido para su reciclaje y posterior fundición. Ese proceso implicaba el uso de químicos intensivos en agua, que después eran vertidos en el terreno, perjudicando las aguas subterráneas y los pozos artesanales de la zona. Además, la empresa trabajaba las 24 horas del día, generando emisión continua de gases tóxicos.
Luego de decenas de denuncias, las operaciones de la fábrica finalizaron en septiembre de 2007, luego de 12 años, no sin antes dejar daños en más de diez poblaciones y más de 7.000 personas.
En el 2010 el Gobierno de El Salvador declaró emergencia ambiental en la zona luego de encontrar contaminación por plomo de la fábrica en un radio de 1.500 metros.
Estudios posteriores determinaron que en la zona afectada había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas y la norma determinaba que el límite era de 400 partículas por millón.
El plomo no solo estaba en el agua, sino también en la tierra, el aire, las plantas y en las zonas lecheras cercanas al lugar del daño ambiental, lo que produjo que las personas afectadas presentaran cefaleas, pérdidas de peso, problemas respiratorios y otras enfermedades.
En 2017, la Interpol emitió circular roja contra el exministro de Economía de El Salvador, Miguel Lacayo Argüello; Ronald Lacayo, José Gurdián Lacayo y Sandra Lacayo; Cecilia Escapini, Domingo Call y Dimas Alvarenga., dueños de la fábrica, quienes fueron declarados como prófugos de la justicia al no presentarse a los juicios en su contra.
En 2020, la fábrica abandonada se incendió y causó una nueva proliferación de gases tóxicos en la zona y reactivó la difusión de gases tóxicos en el lugar.
Expertos estiman que son necesarios, por lo menos, $4 mil millones solo para solventar el daño ecológico causado por la contaminación de plomo de la fábrica de baterías.