Landaverde se presentó voluntariamente en septiembre del año 2021, para colaborar con la justicia y descartar peligro de fuga, sin embargo, fue detenidos en el acto y enviado a la cárcel.
EL SALVADOR.- El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) exige la «inmediata» libertad del exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y del exinspector general para centros penales, Ramón Roque, tras haber concluido su tiempo máximo de la detención provisional, así como «el cumplimiento de las resoluciones judiciales que les reafirman el derecho a la libertad».
«Señalamos el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de Osiris Luna, director de Centros Penales, al no acatar la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que giró por tres ocasiones la orden de libertad para los presos políticos. Ya cumplieron dos años en detención provisional el pasado 6 de diciembre de 2023. Es decir, que a esta fecha llevan treinta meses en prisión«, indicó COFAPPES.
En el mismo sentido, COFAPPES afirmó que ambos detenido se presentaron voluntariamente en septiembre del año 2021 para colaborar con la justicia y descartar cualquier peligro de fuga, sin embargo, fueron detenidos en el acto y enviados a la cárcel.
«Los informes periciales realizados tanto por la Corte de Cuentas de la República como los de la Fiscalía General de la República, coinciden en que no hubo ningún desvío de fondos de la Asociación ASOCAMBIO, ni beneficio a ninguna de las cuentas personales de los presos políticos», remarcó COFAPPES.
En ese contexto, COFAPPES condenó «a los funcionarios de la administración pública que están cometiendo desacato judicial, actos arbitrarios y privación de libertad (secuestro), como es el caso de Osiris Luna, el director del centro penal La Esperanza (Mariona), y al presidente Bukele, por atentar contra los derechos humanos de los dos detenidos en calidad de secuestro», dice el comunicado.
Este hecho se da a un día de que se instale la audiencia de vista pública del caso Asocambio. Landaverde junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
La acusación señala que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos destinados a alimentación de presos. La Asociación Yo Cambio se habría apropiado de $510,000.