El 11 de diciembre de 2015, un coche bomba estalló en el barrio diplomático de Kabul.
ESPAÑA.- El Estado español tendrá que indemnizar a las familias de dos policías españoles y cuatro colegas afganos muertos en un atentado cerca de su embajada en Kabul en 2015 por deficiencias en la seguridad, anunció el jueves la justicia española.
En una sentencia fechada el 4 de julio y dada a conocer este jueves, la Audiencia Nacional, que se encarga de los casos penales más graves, establece «la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios derivados del atentado».
En consecuencia, condena «a la Administración a indemnizar a las viudas e hijos de los dos policías nacionales asesinados, así como a otros cuatro agentes víctimas de la acción terrorista» con montos que van de los 128.000 a los 200.000 euros (de 140.000 a 219.000 dólares), informó el tribunal.
El 11 de diciembre de 2015, un coche bomba estalló en el barrio diplomático de Kabul, cerca de la embajada española. A la primera explosión le siguieron tiroteos y una nueva serie de explosiones.
Seis policías murieron en el ataque, cuya autoría reivindicaron los talibanes. La operación concluyó con la muerte de los cuatro atacantes, abatidos por las fuerzas especiales afganas tras horas de combates.
El atentado motivó críticas contra el embajador español Emilio Pérez de Agreda y su ayudante, a quienes se acusó de hacer caso omiso de varias advertencias sobre la falta de seguridad en la legación.
La justicia española desestimó la causa por homicidio imprudente contra ambos en 2017, dictaminando que no les correspondía a ellos, sino al Estado español, garantizar la seguridad de la sede diplomática.
La «vulnerabilidad del recinto donde se ubicaba la Cancillería y la residencia de los funcionarios que trabajan en la Embajada» se puso de manifiesto en distintos informes desde el año 2009, señaló la Audiencia, criticando la falta de respuesta de la administración española ante estos avisos.
«La muerte de los agentes no puede asegurarse que hubiera podido ser evitada de disponer el recinto de mejores medidas de seguridad», prosigue el tribunal, pero «de haber existido tales medidas, los escasos efectivos presentes hubieran estado en mejor disposición de defender el lugar».