En una reunión del Consejo Permanente de la OEA, la Comisión Interamericana de DDHH presentó un informe sobre las más preocupantes violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela al cumplirse un mes de las elecciones presidenciales.
ESTADOS UNIDOS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el miércoles al gobierno de Venezuela a cesar la represión y liberar a los detenidos de manera arbitraria, en la presentación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de un informe sobre las violaciones más preocupantes a los derechos fundamentales documentadas en el mes transcurrido desde las elecciones presidenciales en el país.
Durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA solicitada por doce países, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, reiteró que desde el pasado 28 de julio han registrado el uso injustificado de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, persecución judicial, el hostigamiento contra personas percibidas como opositores, así como censura y restricciones a las libertades de expresión y asociación.
Clarke dijo que entre el 28 y el 30 de julio se denunciaron actos de violencia contra las manifestaciones que causaron la muerte de al menos 23 personas, y que la información preliminar da cuenta de que «10 de las muertes son atribuibles a fuerzas del Estado, ocho a fuerzas militares, dos a la policía y seis» a los colectivos que, afirmó, actúan con el consentimiento gubernamental.
De acuerdo con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ninguna de las 27 muertes reportadas en el contexto de las protestas contra los disputados resultados electorales que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro y que la oposición considera fraudulentos, son atribuibles a los cuerpos de seguridad. Señaló como responsables a los «comanditos», una red ciudadana de protección de los votos de la oposición.
Clarke se refirió a la denominada Operación “Tun-Tun”, un término acuñado por altos miembros del gobierno que, de acuerdo con familiares de quienes lo han vivido, se traduce en la “visita” de miembros de las fuerzas de seguridad a viviendas de aquellos percibidos como opositores, defensores de DDHH y testigos electorales, para arrestarlos con o sin órdenes judiciales.
Además, expuso que la relatoría especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha recibido informes sobre una escalada de la represión y ataques sistemáticos en Venezuela contra periodistas, detenciones arbitrarias, así como acusaciones por incitación al odio y terrorismo.
También resaltó que han registrado la cancelación de pasaportes a por lo menos 36 defensores, comunicadores y sus familiares, así como cierre de medios, confiscación de equipos y bloqueos digitales.
Una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificada como nula por la oposición, y que fue rechazada por varios países, convalidó los cuestionados resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Maduro como ganador.
Un mes después del proceso, el CNE no ha divulgado los resultados desglosados, mientras que la oposición publicó copias de las actas que conservaron sus testigos que demostrarían que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
Clarke se refirió a la denominada Operación “Tun-Tun”, un término acuñado por altos miembros del gobierno que, de acuerdo con familiares de quienes lo han vivido, se traduce en la “visita” de miembros de las fuerzas de seguridad a viviendas de aquellos percibidos como opositores, defensores de DDHH y testigos electorales, para arrestarlos con o sin órdenes judiciales.
Además, expuso que la relatoría especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha recibido informes sobre una escalada de la represión y ataques sistemáticos en Venezuela contra periodistas, detenciones arbitrarias, así como acusaciones por incitación al odio y terrorismo.
También resaltó que han registrado la cancelación de pasaportes a por lo menos 36 defensores, comunicadores y sus familiares, así como cierre de medios, confiscación de equipos y bloqueos digitales.
Una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificada como nula por la oposición, y que fue rechazada por varios países, convalidó los cuestionados resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Maduro como ganador.
Un mes después del proceso, el CNE no ha divulgado los resultados desglosados, mientras que la oposición publicó copias de las actas que conservaron sus testigos que demostrarían que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
Tal y como han expuesto decenas de países, el embajador de Uruguay ante la OEA, aseguró que “no hay otro camino que la publicación cuanto antes de las actas electorales y que se proceda a la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones”.
Hace poco más de dos semanas la OEA aprobó, por consenso, una resolución que urgía al organismo electoral venezolano publicar las actas desglosadas por mesa de votación y respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de la verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad de las elecciones.
Venezuela salió de la OEA en abril de 2019, luego de que el gobierno de Maduro denunció, en 2017, la Carta de la OEA, documento fundacional del organismo.