La semana pasada, la FGR presentó a un perito experto en grafotécnica que estableció la falsedad de los documentos presentados por uno de los imputados, los cuales justificaban supuestos pagos realizados a empleados de otras instituciones, por servicios que beneficiaría a las tiendas penitenciarias.
EL SALVADOR.- Este lunes 23 de septiembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador continúa, con el desarrollo del juicio contra el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y 18 personas más procesadas por el desvío de medio millón de dólares, a través de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO).
En la jornada de hoy, un perito financiero brindó su testimonio en el caso que evidencia que exfuncionarios de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén cometieron irregularidades, a través de ASOCAMBIO, en el manejo de fondos de la Dirección de Centros Penales y de los privados de libertad para beneficios particulares.
«Para este día se tiene señalada la presentación de una perito financiero contable, como el manejo irregular de los fondos provenientes de las tiendas institucionales por parte de ASOCAMBIO», expusó el fiscal del caso y añadió que «ella (la perito) vendría a reafirmar lo que han manifestado los diferentes testigos».
La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a un perito experto en grafotécnica que estableció la falsedad de los documentos presentados por uno de los imputados, los cuales justificaban supuestos pagos realizados a empleados de otras instituciones, por servicios que beneficiaría a las tiendas penitenciarias.
Asimismo, la pericia financiera indicó que fue el monto de $35,000 en concepto de horas extras.
Landaverde junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO).
Los delitos que se les atribuyen a los imputados son cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios, supuestamente, cometidos en el periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén, entre 2018 y 2019.
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