«El mensaje que se pretende con esta reforma es claro, no se va a permitir ladrones», aseveró Delgado en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.
EL SALVADOR.- Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia conocieron el contenido de tres iniciativas de nuevo ingreso para reformar el Código Procesal Penal, que, según el fiscal general, Rodolfo Delgado, tienen un mensaje «claro»: «no se va a permitir ladrones».
Delgado aseguró que las reformas propuestas tienen como objetivo crea un marco regulatorio desde el punto de vista del derecho penal y procesal penal «que sea adecuado para garantizar el derecho a la propiedad de los salvadoreños«.
«Tenemos que considerar que los hurtos, los robos y las estafas siempre han estado presentes. Sin embargo, al igual como se hizo con los homicidios, no debemos conformarnos, sino que adelantarnos y evitar una súbita escalada», sostuvo.
Entonces, Delgado explicó que en el caso de los delitos patrimoniales, se debe dejar de lado los tipos penales permisivos de la normativa de 1998 y sus posteriores reformas, que permitían que al ladrón le saliera «barato» cometer delitos «porque sabía que las condenas serían suaves».
En ese sentido, entre las propuestas, Delgado opinó respecto a cambiar el plazo máximo de duración de la medida cautelar de la detención provisional. «Consideramos que no se está afectando el tiempo de duración del proceso penal… es viable incrementar el período de esta», sostuvo y sugirió la duración de la medida cautelar de los delitos menos graves sea de un año y que sea prorrogable por un período igual durante el trámite del proceso en primera instancia.
«Lo que se busca es que el imputado permanezca detenido durante ese tiempo, ya que existe un pronunciamiento de parte del órgano Judicial en el que se valoró prueba y se consideró que existió participación en el delito», indicó el fiscal general.
Ahora, con relación a la reforma al artículo 207 del Código Penal, Delgado remarcó que en esa búsqueda de que no se va a permitir a ladrones, se busca que se incremente las penas de 6 a 8 años de prisión por el delito de hurto. Actualmente, tiene una regulación de 2 a 5 años. En este caso, según el titular de la FGR, se incorporan todos los bienes que son susceptibles de apropiación por parte de una persona que no es el propietario.
«Estamos ordenando y reduciendo la cantidad de tipos penales exclusivos para determinados objetos», explicó Delgados, diciendo que, de aprobarse las reformas, se incrementan las penas por hurto agravado de 10 a 15 años.
En cuanto al delito de robo, la pena de prisión se aumenta de 10 a 20 años. Por otro lado, para el delito de robo agravado, la condena asciende de 20 a 30 años y se incorpora una nueva agravante sobre el sujeto activo, «siempre que se trate de un servidor público», aclaró Delgado.
En el caso de los delitos de estafa, la pena se aumenta de 5 a 8 años y se incorporan nuevas modalidades cuando este sea cometido por uso de tarjeta de crédito, débito o cualquier instrumento de pago material o inmaterial, dijo Delgado.
Finalmente, por el delito de daños, tendrá un aumento de 2 a 5 años, considerando que tanto los daños y daños agravados que incrementan de 5 a 10 años, «ya no deben ser tolerados en la sociedad», sentenció Delgado.
En términos generales, se busca modificar el plazo máximo de duración de la medida cautelar de la detención provisional; asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales y lograr un descongestionamiento de los tribunales; y establecer modificaciones respecto de la responsabilidad civil de quienes resulten condenados en un proceso penal, garantizando el derecho de las víctimas en los casos en los que se determine este tipo de responsabilidad, según la Asamblea Legislativa.
La Comisión de Seguridad y Justicia acordó invitar a la próxima sesión al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para que brinde sus aportes sobre los expedientes en estudio.