Economía busca que se amplíen los plazos de depósitos de perfeccionamiento activo

Actualmente, el artículo 22 de la Ley de Zonas Francas establece 12 meses de plazo para que los bienes estén en permanencia de los depósitos que son una figura beneficiaria de las exenciones fiscales.

EL SALVADOR.- La Comisión de Economía emitió dictamen favorable a las disposiciones transitorias relativas a la prórroga de los plazos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.

El objetivo de la iniciativa es dar un apoyo a las empresas afectadas con la contractura de demanda a nivel mundial por los efectos de las medidas que se tomaron por covid-19, así lo afirmó la representante del Ministerio de Economía, Clarissa Valdebrán.

Valdebrán explicó que el artículo 22 establece plazos que están enfocados a los depósitos de perfeccionamiento activo, que es uno de los beneficiarios de la Ley, específicamente en al área del territorio sujeta a un tratamiento aduanero especial.

Los depósitos son una figura beneficiaria de las exenciones fiscales que establece la Ley de Zonas Francas y se han visto golpeados por la falta de demanda.

En concreto, el artículo 22 de la Ley de Zonas Francas establece 12 meses de plazo para que los bienes estén en permanencia de estos depósitos y estos no son prorrogables, pero con la modificación ahora se ampliarán, dijo Valdebrán.

Valdebrán propuso lo siguiente:

  • Hasta 12 meses adicionales a mercancías sometidas al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
  • Hasta 12 meses adicionales a los traslados definitivos destinados a Depósitos para Perfeccionamiento Activo.
  • Hasta seis meses adicionales a los traslados temporales entre beneficiarios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización
  • Hasta dos meses adicionales para los traslados temporales generados por Zonas Francas o Depósitos para Perfeccionamiento Activo a empresas ubicadas en el territorio aduanero nacional.

En ese marco, los beneficios de la reforma serían:

  • Sostenibilidad de empleos.
  • Protección de inversiones.
  • Reactivación de cadenas de producción.
  • Seguridad jurídica para los usuario

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