Las agresiones de la fuerza pública y otras entidades estatales representan un 24% de los casos.
El 44% de los periodistas en Colombia han sido víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, principalmente por parte de grupos armados ilegales y estatales, informó este martes la Defensoría del Pueblo.
«Los grupos armados ilegales, las organizaciones del crimen organizado (…) son los principales vulneradores o quienes generan el mayor riesgo para el ejercicio periodístico en Colombia», dijo Julio Solano, delegado de libertad de expresión de la institución, durante la presentación de un informe.
Es la primera vez que la entidad encargada de velar por los derechos humanos hace un equilibrio de este tipo, en uno de los países de Latinoamérica más riesgosos para el trabajo de los reporteros debido al conflicto armado de seis décadas.
El 28% de las vulnerabilidades han sido perpetuadas por guerrillas como el ELN, disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares, asegura el informe.
Las agresiones de la fuerza pública y otras entidades estatales representan un 24% de los casos, mientras que un 12% corresponde a agresiones de líderes políticos «y en algunos casos, funcionarios», agregó Solano.
La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a Colombia «como uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas», detrás de Venezuela, Cuba, Nicaragua u Honduras.
Del total de vulneraciones documentadas por la Defensoría del Pueblo, un 37% corresponde a violaciones de la libertad de expresión e información. El 36% de los periodistas encuestados aseguró haber recibido amenazas contra su vida o su integridad física.
Múltiples comunicadores han sido blancos de los diversos grupos armados que, financiados por el narcotráfico, operan en Colombia, inmersos en un conflicto armado que ha dejado 9,5 millones de víctimas.
Según el estatal Centro Nacional de Memoria Histórica, 152 periodistas han sido asesinados desde 1977 en el cumplimiento de sus labores. La mitad de los casos quedaron impunes.