Según la Fiscalía, la Caja adjudicó contratos con sobreprecio de hasta 23 millones de dólares anuales a cooperativas privadas de salud para administrar 138 consultorios, anulando un contrato anterior más barato.
COSTA RICA.- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo este miércoles que la detención de ocho directivos del Seguro Social por presunta corrupción fue un «abuso de poder» por parte de la Fiscalía.
Entre los detenidos el lunes figura la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, designada por Chaves al frente de esta entidad que administra hospitales públicos y el sistema de pensiones.
«La Fiscalía General de la República abusó, esa es la palabra correcta, abusó de su poder para amedrentar e intimidar al gobierno deteniendo de manera arbitraria, mediática y amenazante a una alta jerarca de este gobierno», señaló el mandatario en una rueda de prensa, rodeado de todo su gabinete ministerial.
Según la Fiscalía, la Caja adjudicó contratos con sobreprecio de hasta 23 millones de dólares anuales a cooperativas privadas de salud para administrar 138 consultorios, anulando un contrato anterior más barato y sin tomar en cuenta las recomendaciones de la junta de asesores de la entidad.
«Supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud», señaló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ, policial judicial) en un comunicado.
Chaves tildó los arrestos de una «politización» de la Fiscalía, que de forma «fácil y cobarde» detuvo preventivamente a los directivos de la Caja, quienes fueron liberados un día después, el martes, y están a la espera de posibles medidas cautelares.
La Fiscalía pidió además la suspensión de los implicados de sus cargos.
El presidente derechista alegó que, con esta investigación en curso, la Fiscalía está «metiendo miedo y amenazando» a cualquier otro funcionario del gobierno y expresó su apoyo a Esquivel.
Fue «un show amedrentando a doña Marta», alegó Chaves, quien afirmó que no existe delito alguno ya que el contrato investigado está pendiente de apelación ante la Contraloría y «no se ha gastado ni un solo colón».
Los directivos de la Caja enfrentan cargos por influencia contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato, que son sancionados hasta con tres, cinco y seis años de prisión, respectivamente, según el Código Penal de Costa Rica.
© Agence France-Presse