Entre las medidas se incluye la construcción de una megacárcel para 20,000 reos.
AMÉRICA LATINA.- Honduras, liderado por Xiomara Castro, se convirtió en el primer país en emular de manera formal el plan de seguridad implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En un comunicado detallaron las medidas:
El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal, para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos, serán calificadas como terroristas.
El Congreso Nacional deberá reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes.
El Congreso Nacional someterá a aprobación en su tercer debate la Ley para el control de la venta de tarjetas SIM CARD, CHIP O ESIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la Ley de Colaboración Eficaz. Las empresas autorizadas que comercializan con esta tecnología en caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma legal.
El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del Sistema de Seguridad y Justicia: Policías y Militares, Jueces y Fiscales.
10. Reformar el Acuerdo No .01-2016. del Directorio del Banco Central de Honduras, Reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro, que utilizan billeteras electrónicas.
11. La Corte Suprema de Justicia deberá establecer los mecanismos necesarios para autorizar el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia del país, que puedan sustituir los altos costos de vigilancia permanente por parte de efectivos Policiales o Militares, en el caso de adultos mayores, personas con enfermedades terminales o viviendo con alguna discapacidad. Este beneficio no cubre las personas procesadas por los delitos a los que se refiere esta resolución.
12. La Corte Suprema de Justicia se compromete para el día lunes 17 de junio 2024 designar el número de Jueces y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes.
13. La Fiscalía General del Estado se compromete para el día lunes 17 de junio 2024 designar el número de Fiscales y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las Operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes.
14. La Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Publica será la responsable de coordinar en colaboración con la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa, las Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público la ejecución del presente Plan de Soluciones Radicales Contra el Crimen.