Un tribunal de París empezó a juzgar a este hombre, de 68 años, por genocidio y crímenes contra la humanidad, entre otros cargos, por los que enfrenta cadena perpetua.
El hombre niega las acusaciones. «Todo se basa en testimonios de hace 29 años (…) Es muy difícil basarse en testimonios sobre hechos tan antiguos», aseguró su abogado, Jean-Yves Dupeux.
El caso es el más antiguo instruido en Francia en nombre de la justicia universal sobre hechos vinculados a este genocidio que dejó más de 800.000 muertos, en su mayoría tutsis, entre abril y julio de 1994, según la ONU.
La primera denuncia contra Munyemana, que se instaló en Francia tras las masacres, se interpuso en 1995. «Esperamos que por fin se haga justicia», declaró Rachel Lindon, abogada de 24 víctimas y de la asociación Ibuka.
El ginecólogo, considerado un notable de la región ruandesa de Butare (sur), está acusado de participar en un comité de crisis que levantó barreras e hizo rondas, en las que se detuvo a personas antes de matarlas.
También se le acusa de haber tenido la llave de la oficina del sector de Tumba, donde se encerró a tutsis antes de ser ejecutados, según la acusación. Munyemana asegura en cambio que esta oficina les servía de «refugio».
Francia ya condenó a seis hombres por su participación en el genocidio, a penas entre 14 años y cadena perpetua.