El acádemico Picardo señaló que las universidades al ser de utilidad pública sin fines de lucro, pero la mayoría de universidad no tiene diversificado sus ingresos, dependen de la cuota.
EL SALVADOR.- Ante la reciente presentación de propuesta de la nueva Ley de Educación Superior, el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo Joao, aseguró que la nueva normativa trae consigo cuatro impactos fiscales «que preocupan» a un porcentaje de las universidades del país.
«Cuando tú haces una ley hay que ver las repercusiones fiscales, y yo he identificado cuatro que preocupan a algunas universidades más que otras, las más pequeñas quizás son las más afectadas, las grandes no dejan de ser afectadas», declaró Picardo en una entrevista televisiva.
Según explico Picardo, el primer impacto fiscal tiene que ver con el pago de la hora clase de los docentes, donde con esta nueva ley se establece que el pago de un docente pregrado debe ser del 3% del salario mínimo y en postgrado 10% del salario mínimo por la hora clase.
«¿Cuál es la situación? Actualmente el pago de la hora clase estándar, que es muy bajo pero es el que hay anda entre $6 y $8 es bajísimo, con esta reforma pasaría a $9.60 y si sube el salario mínimo a $400 subiría a $12 porque es el 3% y en pregrado anda entre $20 y $30 con esta reforma subiría a $36 y si sube el salario mínimo a $40», detalló el académico.
En ese sentido, Picardo señaló que las universidades al ser de utilidad pública sin fines de lucro, pero la mayoría de universidad no tiene diversificado sus ingresos, dependen de la cuota, «si yo elevo la hora clase y elevo la cuota probablemente tenga deserción», expresó.
Un segundo impacto fiscal que trae consigo la nueva ley es que exige que se invierta un 3% del presupuesto en investigación para institutos superiores y un 5% del presupuesto para universidades, «eso también tiene un impacto fiscal que depende de los presupuestos de cada institución», aseguró Picardo.
Como tercer impacto, el académico expuso que la nueva ley establece que la acreditación va a ser pagada, cuando hasta la fecha es gratuita. Picardo indicó que la reforma no especifica a cuanto ascenderia el pago por una acreditación pero afirmó que un proceso de acreditación puede costar entre $10,000 a $15,000 dólares»,
El cuarto y último impacto fiscal trata sobre una disposición de la ley que dice que para enseñar en pregrado los profesores tienen que tener el grado superior inmediato, «¿Eso que significa? Que todos los que enseñen en licenciatura, ingenieria y arquitectura van a tener que tener maestría y eso implica probablememte pagar más para traer (a las universidades) a ese profesional», argumentó Picardo.
El acádemico señaló que fue participe de algunos aportes sobre la nueva ley, sin embargo sostuvo que falto mayor nivel de consulta ya que no se les consulto a los empleadores, empresarios e industriales «no se les tomó en cuenta porque son los que emplean los profesionales».