Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en forma ininterrumpida desde 2007, sostiene que las oenegés y sobre todo la Iglesia católica apoyan esas protestas, a las que considera como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
AMÉRICA.- La ONU calificó el martes como «profundamente alarmante» el cierre en Nicaragua de 1.500 oenegés, en su mayoría religiosas, en la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega desde las protestas de 2018.
Se trata de una decisión «profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa», afirmó en un comunicado el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos. Humanos, Liz Throssell.
«El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua», acota.
Según el Ministerio del Interior, las 1.500 organizaciones sin multas de lucro clausuradas incumplieron sus obligaciones, pues «no reportaron por períodos de entre 01 hasta 35 años sus estados financieros».
En la lista de entidades cuyos bienes serán confiscados figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los ‘contras’ en los años 80.
«Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país ya que garantizan el respeto a los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos», subrayó la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aguantó las leyes contra los oenegés tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.