Luego de darse a conocer el arresto de siete implicados en el caso de «actos terroristas», la PNC ejecutó un allanamiento donde se identificaron explosivos con mecha, bolsas de sulfato de amonio y explosivos previamente preparados.
EL SALVADOR.- Ante la reciente captura de siete dirigentes de guerra que pretendían usar para detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas, en el marco del día de la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele, la abogada Thanya Pastor se refirió a dichos planes como «intenciones claras de desestabilizar con armas de guerra al gobierno actual», por lo que aseveró que de demostrarse culpables: «merecen la máxima sanción de las autoridades».
La abogada Pastor señaló los reciente acontecimientos de la captura de los veteranos, «viene a desvelar eso que ya se conocía»: buscar crear una imagen negativa del país donde la gente está descontenta con el gobierno, «y que es todo lo contrario».
«Creo que esta captura en flagrancia viene a desvelar eso que ya se conocía como un secreto a voces en la población y que lo que busca es una desestabilización, en este minúsculo grupo de la oposición porque yo estoy convencida que estas personas no representan ese porcentaje que no están de acuerdo con el gobierno actual, es un grupo minúsculo negativo opositor pero nocivo además, porque no solo están buscando desestabilizar, sino llevar al país a una imagen internacional de una guerra como tratando de generar una idea de que la gente esta descontenta con el gobierno y es que es todo lo contrario», argumentó Pastor en una entrevista matutina.
La abogada explicó que las encuestas reflejan una satisfacción por no decir absoluta de la gestión del presidente Nayib Bukele durante el primer quinquenio y los actos planificados en sectores públicos «son intenciones claras de desarticulación».
«No estamos hablando del acometimiento de cualquier delito, sino que estamos hablando de intenciones claras de desestabilizar con armas de guerra al gobierno actual a las puertas de la toma de posesión del presidente Bukele», expresó Pastor.
La especialista en leyes detalló que los delitos de guerra, especialmente el de rebelión y de fabricación de armas y explosivos que se utilizan en la guerra, son delitos graves, que conllevan cárcel desde los 15 años en adelante.
Asimismo, Pastor expuso que «la mejor guerra» para lograr los objetivos es la educación, «pero querer llegar a punta de pistola, a punta de explosivos, a punta de armas de guerra a lograr lo que yo quiero, porque yo digo que esto es mejor para el país y esto es lo que quiero hacer, eso es quererse saltar el trabajo y el esfuerzo que genera convencer a la población que lo apoye».
En ese sentido, enfatizó que «si tu quieres que la gente no este de acuerdo debes educarla lo que tu crees que es correcto, pero esto de verdad que merece la máxima sanción de las autoridades y que queden encarcelados, porque han sido capturados en flagrancia, siguen siendo inocentes hasta que no los condenen pero los agarraron con las manos en la masa».
En la misma línea de dialogo, la abogada Bessy Ríos indicó que los veteranos detenidos son personas con experiencia en explosivos, sin embargo, es importante recabar mayor información de los hechos, ya que manifestó que puede surgir una estigmatización en contra de organizaciones de derechos humanos.
«Creo que necesitamos mayor información, ese primer audio que se filtra inicialmente no dice mayor cosa, puede estar hablando de una cosa como de otra, pero preocupa la estigmatización que se le esta dando a las organizaciones que denunciaron la primera captura», expresó Ríos.
«Lo único que si estoy con bastante preocupación es que se quiera vincular a las organizaciones que denunciaron las capturas con otro tipo de agendas, cuando sus labores cuando se detiene a un defensor de derechos humanos tienen que denunciar. Eso preocupa porque se puede utilizar una captura de algo para irte a callar a gente que tiene derecho a ser disidente», manifestó la abogada.
Por su parte, el abogado, Juan Contreras dijo que las organizaciones de sociedad civil que puedan expresarse libremente, salir a las calles pero siempre de forma pacifica, no obstante aseveró que «con lo que yo no estoy de acuerdo son con las cabezas trasnochadas que siguen pensando en los 80».
«Sin querer acusar a los detenidos hay gente que todavía piensa así, piensan que pueden deshabilitar y no piensan en la vida democrática a las acciones de hechos y acciones estratégicas que ellos llamaban en ese momento y ya no estamos en los ochenta, creo que El Salvador ha vivido a lo largo del pasado procesos democráticos, el día de mañana vamos a vivir uno de esos procesos democráticos que es cuando el presidente asuma nuevamente las riendas del país y creo que esos mecanismos de presión de querer asustar a la gente creo que ese pensamiento ochentero de que van a dinamitar una gasolinera o un banco, creo que la población entera lo va a rechazar y las organizaciones sociales de oposición deberían desvincularse de gente así, si definitivamente se les comprueba algo”, argumentó Contreras.
En ese sentido, sostuvo que «habrá que esperar que dicen las investigaciones, defendería el derecho de la gente a expresarse si, pero estoy absolutamente en contra y condeno cualquier intento de acto terrorista en contra de la población».
«Creo que las organizaciones también eventualmente si ven que estos sujetos, si esos artefactos tenían los elementos de causar daño a la población, ellos mismos deberían desvincularse y dejar que se defiendan, porque esos ya son actos terroristas, y los actos terroristas como los hemos condenado a pandilleros y que están presos, si esas personas están queriendo cometer actos terroristas también que les caiga todo el peso de la ley y que se vayan para el CECOT», aseveró Contreras.
La abogada Ríos añadió que «habrá que ver como se maneja la investigación, habrá que ver si esos artefactos traían esquilas, porque si traen esquilas se pueden considerar letales, de lo contrario esos son morteros, pero habrá que esperar la investigación».
Contretas especuló que dicha situación era una forma de empañar la investidura del presidente Nayib Bukele para un nuevo mandato, hecho que no sucedió.
Esta mañana la Policia Nacional Civil (PNC) informó sobre un allanamiento en el que se ubicó explosivos, en Guazapa, donde se identificaron explosivos con mecha, bolsas de sulfato de amonio y explosivos previamente preparados, los cuales pretendían ser utilizados por los capturados.