Piden al vicepresidente Félix Ulloa incorporar reformas constitucionales a fin de reconocer los derechos de la naturaleza

El movimiento pretende que se incorpore a las reformas constitucionales el reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derechos para garantizar una vida viable y factible

EL SALVADOR.- En el marco del debate actual sobre la reforma a la Constitución de El Salvador, el Movimiento Político Rebelión Verde (Reverdes) presentó sus propuestas que tienen como principal objetivo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

«Como Reverdes estamos convencidos y convencidas que el cambio constitucional son necesarias, hay que darle vuelta a toda esta institucionalidad. Estamos convencidos que es necesario una reforma profunda que nos permita romper con 35 años de neoliberalismo», manifestó Dalia González, miembro de Reverdes.

En ese sentido, el movimiento pretende que se incorpore a las reformas constitucionales el reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derechos para garantizar una vida viable y factible, así como, establecer obligaciones tanto al Estado como a la población para que de manera conjunta garanticen los derechos de la naturaleza.

Además, plantean que es importante establecer el cuidado de los suelos, el aire, el agua y la biodiversidad a fin de preservar el patrimonio natural del país.

«No queremos cambios banales, sino que queremos un cambio de paradigma, queremos avanzar a un modelo que ponga al centro la vida en todas sus formas y a esto me refiero a la vida no únicamente humana sino que a los ecosistemas, a la naturaleza, a los territorios, al suelo, al bosque; en ese sentido, estamos exigiendo que se incorporen los derechos de la naturaleza en la constitución», declaró González.

Integrantes del Movimiento Reverdes se concentraron esta martes en la Plaza Italia, en Salvador con el proposito de entregar al vicepresidente de la Republica, Feliz Ulloa, las propuestas planteadas por el movimiento a fin que sean incorporadas.

El articulo 117 de la actual Constitución establece que «es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible».

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