Por Mauricio Rodríguez
Recientemente vivenciamos la problemática interna del vecino país de Guatemala, donde derivado de un proceso electoral la población de esa nación se volcó a las calles a protestar lo que provocó el cierre de calles y accesos principales y es en ese momento que nuestro país y que nuestra gente se ve afectada, pues es de todos conocidos que Guatemala es nuestro proveedor tradicional de verduras, legumbres, frutas y hortalizas, situación que generó escasez e incremento desproporcionado de estos productos, me decía un amigo comerciante que un saco o costal de papas en tiempos normales tiene un valor de $40.00, pero que derivado de esta contingencia su valor llego a valer $180.00, nótese que es un incremento desmedido considerando además que nuestro país se encuentra inmerso en una crisis económica de escala mundial.
Según la Organización Mundial de la Salud, define Seguridad Alimentaria como el derecho que tienen los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, es en ese contexto que nuestro país se observa la necesidad de operativizar una ley de seguridad alimentaria la cual existe, pero aun hace falta dar pasos en firme a efecto de que se pueda volver un país hibrido en el sentido que se definan áreas de producción industrial y de tecnología pero que además se pueda definir las áreas de producción agrícola las cuales existen, pero que derivado del fenómeno relacionado con la migración hacia Estados Unidos y ahora hacia otros países, muchas tierras se encuentran en condición de abandono, pues la población que las hacia producir se envejecieron algunos, fallecieron otros, se fueron a radicar al exterior o simplemente ahora se dedican únicamente a cobrar remesas, este fenómeno nos convierte en un país receptor de remesas, según la organismos internacionales, El Salvador es el tercer país con mas dependencia de las remesas por su relación con el PIB de América Latina y el Caribe, para 2022 ingresaron al país en concepto de remesas $ 7,855.4 millones, remesas que se convierten en el sostén económico para un 25 % de los hogares en su gran mayoría del sector rural que es donde se evidencia el abandono del agro salvadoreño, por otro lado, se proyecta que para finales del año 2023 haya un incremento de remesas que superará los $8,000 millones de dólares.
Recientemente escuche el planteamiento que hacia un representante del sector agropecuario de nuestro país y manifestaba que la poca producción en nuestro país se debe a que las nuevas generaciones ( los jóvenes) no encuentran en la agricultura un modo de poder solventar sus necesidades de vida material, situación que tiene a la base una verdad a medias, pues la gran mayoría de jóvenes ahora son sujetos tanto de la migración interna y migración externa: la primera alude a jóvenes que se trasladan a las zonas urbanas con motivos puramente académicos o laborales, otros porque producto de ser receptores de remesas simplemente llegan a comprar casas y residir en ellas en zonas urbanas, obviamente estas personas dejan de trabajar la tierra; en el segundo caso o sea la migración externa acá se puede analizar una fuga masiva de padres de familia que migraron principalmente hacia los Estados Unidos y posteriormente haciendo uso de viajes irregulares (por medio de coyotes) se llevaron a sus hijos y esposas dejando las tierras de vocación agrícola en el abandono, este tipo de migración también fue alentada por el acoso de las pandillas hacia los jóvenes de las zonas rurales y que para no verse involucrados con estos grupos decidieron mejor irse del país.
Las situaciones antes planteadas dejan al descubierto que nuestro país tiene un grave problema en esta área la cual desde el Órgano Ejecutivo debería darse tratamiento, quizá no sea tanto la entrega de semillas o insumos a los agricultores ya que se conoce que en algunos casos esta es vendida a sin darle el uso para el cual se les entrega.
El fenómeno es complejo, pero las propuestas deben ir encaminadas a que, si de verdad queremos garantizar la seguridad alimentaria para nuestra gente, se debe desde ya preparar el andamiaje jurídico desde la Asamblea Legislativa. Se debe de tener una base de datos de las tierras de vocación agrícola que no esta siendo utilizadas; en un segundo momento proponer a sus propietarios una especie de arrendamiento de las tierras al gobierno para que este las pueda trabajar con gente que el mismo gobierno contrate ( véase experiencia de las granjas penitenciarias) que podrían incluso ser un parte de este tipo de personas privadas de libertad, o capacitar a gente desempleada, las cuales podrían encontrar en ello una forma de ganarse la vida; y un tercer momento en el caso de gente que no usa las tierras y que además no quiera que el gobierno la haga producir pues simplemente considerando que la tierra y el agua son de beneficio colectivo el gobierno las retome y la haga producir, nótese que no hago alusión a la figura de la expropiación, puedo entonces ahora sí, garantizar que de esta manera nuestro país podrá volverse autosostenible y además autosustentable en términos de garantizar nuestra alimentación, y por ende protegerá en gran medida las economías familiares
La seguridad alimentaria, ahora más que nunca es una necesidad inherente, pues los billetes como tales no se comen.