Nuevas Ideas defiende la medida como una modernización y unificación del sistema de protección social: Claudia Ortiz criticó la decisión y señaló un debilitamiento previo de las entidades eliminadas.
EL SALVADOR.- Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una serie de reformas y nuevas normativas que reconfiguran por completo el modelo institucional de atención social del Estado, otorgando al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) la rectoría única en materia de veteranos, personas con discapacidad y población adulta mayor.
Reforma a la Ley Especial de Beneficios para Veteranos y Excombatientes
El pleno avaló la reforma a la Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado (1980-1992).
Según el dictamen, la reforma confiere al INABVE la administración integral no solo del régimen aplicable a veteranos y excombatientes, sino también de los sistemas destinados a:
- personas con discapacidad
- personas adultas mayores
Los legisladores señalaron que el cambio busca consolidar un modelo institucional unificado, especializado y eficiente, eliminando dispersión normativa y duplicidad de funciones.
Durante el análisis, la asesora jurídica del despacho de la Primera Dama, Francesca Rivas de Apostolo, expuso la necesidad de fortalecer “la rectoría del Estado mediante la concentración de competencias en una sola entidad”.
El dictamen resalta que estas poblaciones son sujetos de especial protección constitucional, y que la centralización permitirá uniformar criterios técnicos, mejorar la coordinación interinstitucional y optimizar recursos públicos.
Disolución del CONAIPD
También fue aprobada la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD).
Con esta normativa:
- el CONAIPD se disuelve,
- se establece el procedimiento para su liquidación,
- y sus funciones pasan al INABVE.
La Comisión dictaminó que esta reorganización constituye un cambio estructural en la arquitectura estatal, ya que redefine la gobernanza y gestión pública en materia de discapacidad. Argumentaron que la concentración en el INABVE permitirá una atención “más eficiente, coordinada y oportuna”.
Durante la discusión, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la decisión y señaló que la institución había sido debilitada deliberadamente:
“Todo lo que se ha hecho desde 2021 es debilitar al CONAIPD; nunca lo fortalecieron. Pasó de $438 mil en 2022 a solo $345 mil para 2025. Ahora la solución que traen cinco años después es disolver esta institución”.
Ortiz también reveló que, según el último censo, 56,000 niños menores de 4 años con discapacidad no tienen acceso a educación, lo que refleja el estado de vulnerabilidad del sector.
Disolución del CONAIPAM
La tercera normativa avalada fue la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM).
La ley establece:
- la disolución del CONAIPAM,
- su liquidación administrativa,
- y la transferencia de sus funciones —incluidas las contempladas en la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor— al INABVE.
Según el dictamen, la medida moderniza la estructura administrativa del Estado y busca mejorar la cobertura y continuidad de la atención con un enfoque de derechos, ante el crecimiento de la población adulta mayor.
Los legisladores sostuvieron que este nuevo esquema institucional permitirá una atención más integral, preventiva y supervisada, especialmente en servicios gerontológicos y geriátricos.
Una reestructuración total del sistema de atención social
Con la aprobación de estas tres normativas, el INABVE se convierte en el ente rector único para:
- veteranos y excombatientes,
- personas con discapacidad,
- personas adultas mayores.
La mayoría oficialista destacó que la reforma permitirá unificar la gestión pública, optimizar recursos y fortalecer la coordinación, mientras que voces de oposición advierten sobre el riesgo de eliminar instituciones especializadas que atendían poblaciones altamente vulnerables.
El nuevo esquema institucional entrará en vigor una vez las leyes sean sancionadas y publicadas en el Diario Oficial.