La iniciativa busca actualizar la normativa para fortalecer a las MYPE, promover su formalización y garantizar pagos oportunos por parte de instituciones públicas.
EL SALVADOR.- La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa respaldó una iniciativa de reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), con el objetivo de actualizar el marco normativo y fortalecer el desarrollo de este sector clave de la economía salvadoreña.
Durante la sesión, los diputados escucharon la opinión técnica del presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, quien explicó que la propuesta busca enfocar la ley en la formalización empresarial y el impulso del desarrollo económico local.
Steiner señaló que en el país existen alrededor de 990 empresas grandes, 2,830 medianas, 17,000 pequeñas y más de un millón de microempresas. De estas, aproximadamente 290,000 emplean entre cuatro y diez personas, mientras que cerca de 840,000 cuentan con menos de cuatro trabajadores.
Según los datos presentados, las micro y pequeñas empresas representan el 99.6 % del tejido empresarial y el 89.5 % de los patronos formales activos en El Salvador. “El resultado de 2020 a 2024 es que el 89.5 % de todos los patronos formales activos eran micros y pequeños, y eso no ha cambiado durante 2025; al contrario, ha aumentado”, afirmó el funcionario.
Entre los cambios propuestos destaca la actualización de los criterios para clasificar a las micro y pequeñas empresas, debido a que los incrementos del salario mínimo han dejado desfasada la clasificación vigente. Con la reforma, una microempresa sería aquella con ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos del sector comercio y servicios y con un máximo de 10 trabajadores.
Asimismo, la iniciativa plantea medidas para proteger a las MYPE frente a prácticas que afectan su sostenibilidad, como los retrasos en los pagos. En ese sentido, las instituciones públicas deberán cancelar los bienes y servicios adquiridos a este sector en un plazo máximo de 30 días; de lo contrario, deberán pagar intereses por mora.
“Con esta reforma se le dan dientes a la ley para que se cumpla el pago oportuno. Muchas microempresas quiebran cuando sus facturas no se pagan a tiempo”, explicó Steiner.
La propuesta también contempla la creación de un Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, que permitirá articular acciones entre el sector público y privado a nivel territorial. Además, se impulsará la creación de mesas técnicas en los municipios para que empresarios locales participen en estrategias de desarrollo económico junto a las alcaldías.
Entre otras disposiciones, las reformas buscan facilitar la formalización de negocios mediante la simplificación de trámites, fortalecer el acceso al financiamiento a través de programas de garantías y fondos de capital de trabajo, y promover una mayor inclusión financiera para las micro y pequeñas empresas.