Delgado explicó que la nueva ley propone la creación de un sistema nacional para la prevención, control y sanción de los delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, siguiendo las recomendaciones internacionales del Gafilat.
EL SALVADOR.- Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia emitieron dictamen favorable a la Ley especial para la prevención, control y sanción de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, este viernes. Esta normativa fue dictaminada en 2023, pero no aprobada en pleno.
El titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, presentó los principales aspectos de la normativa. Durante su intervención, explicó que la ley busca actualizar el actual marco normativo, vigente desde 1999, que considera obsoleto y sobrecargado.
Delgado destacó que El Salvador fue evaluado por el organismo Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), que realiza evaluaciones mutuas en América Latina sobre el cumplimiento de estándares internacionales para la lucha contra estos delitos. Según Delgado, la evaluación subrayó la necesidad de un cambio en la legislación del país, pues la normativa actual está desactualizada y sobreregula ciertas actividades, lo que impacta negativamente en la inclusión financiera.
Creación de un Sistema Nacional de Prevención y Control
Delgado explicó que la nueva ley propone la creación de un sistema nacional para la prevención, control y sanción de los delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, siguiendo las recomendaciones internacionales del Gafilat. Dentro de este sistema, destacó el rol crucial que desempeñará la Unidad de Investigación Financiera, adscrita a la Fiscalía General de la República, en la persecución del delito.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la creación del Comité Interinstitucional Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de mejorar la cooperación y coordinación entre los diferentes actores del sistema, incluidos los tres poderes del Estado, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Economía y la Fiscalía General de la República.
Reducción de sujetos obligados
Uno de los principales problemas que señala Delgado es la sobrerregulación actual, que considera a todas las personas jurídicas del país como sujetos obligados por la ley, sin distinción. Esto, según el titular de la FGR, crea una gran cantidad de información difícil de manejar y dificulta la eficiencia del sistema de prevención.
“No es posible que un inversor, por el simple hecho de venir a explorar, sea considerado un sujeto obligado”, indicó Delgado
En ese sentido, el nuevo proyecto propone una reducción significativa de los sujetos obligados, limitándolos a aquellos que desempeñen actividades de naturaleza financiera o que estén involucrados en conglomerados financieros.
También, regulan actividades específicas como los casinos, joyeros y comerciantes de metales preciosos, tal como lo indican las recomendaciones internacionales del Gafilat.
Delgado subrayó que este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la inclusión financiera, eliminando barreras innecesarias para emprendedores e inversionistas. Asimismo, señaló que actualmente, un emprendedor o inversionista extranjero que decida iniciar un negocio en El Salvador se ve obligado a cumplir con exigencias que en otros países no existen, lo que afectaría la competitividad del país.
Medidas de supervisión y protección contra exclusiones arbitrarias
También, abordó el tema de las medidas de supervisión y fiscalización para los sujetos obligados. Delgado explicó que el enfoque se centrará en una evaluación de riesgo, donde cada sujeto obligado deberá conocer adecuadamente con quién está haciendo negocios. En lugar de excluir a personas de manera arbitraria, como ha sucedido en el pasado, la ley busca que se adopten medidas adecuadas para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Un aspecto importante en el proyecto es la nueva regulación sobre la declaración de dinero en efectivo al ingresar al país. En este sentido, se ha incrementado el umbral de dinero no declarado que se considera ilícito.
Ahora, se considerará delito no declarar cantidades superiores a $15,000 en efectivo, siguiendo las recomendaciones internacionales en cuanto a la prevención del lavado de dinero. El monto actual es de $10 mil.
Finalmente, la ley establece que los umbrales para el reporte de ciertos movimientos financieros serán definidos posteriormente en el reglamento, siempre alineados con las recomendaciones internacionales. También, enfatizó que el secreto bancario será respetado y que no se utilizará la información recabada para sancionar anticipadamente a las personas.