La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renunció este martes a su inmunidad presidencial para enfrentar la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
A través de una entrevista el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, dio a conocer la noticia de Boluarte en el marco del caso de muertes durante protestas en el país.
“La señora presidenta nos ha señalado en consejo de ministros y públicamente que ella renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia. Ella no teme que efectivamente se demuestre que ella no tiene una responsabilidad penal en los hechos que ocurrieron”, dijo.
Pese a los intentos de Dina Boluarte y su ministro, Eduardo Arana, de quedar bien mediante el anuncio de una “renuncia a la inmunidad presidencial”, las consecuencias de este designio no son realizables bajo ningún concepto. Ello debido a que, mediante el artículo N° 117 de la Constitución Política se precisa que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, y por impedir su reunión y funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral».
Esto quiere decir que la facilidad de inmunidad es un derecho conferido al presidente de manera irrenunciable y al que Boluarte no puede dejar de lado con el simple hecho de decir “ya no lo quiero”.