La normativa redefine los sujetos obligados, limitándolos a sectores de riesgo real como bancos, casinos y joyerías, mientras excluye actividades legítimas de bajo riesgo.
EL SALVADOR.- Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la “Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, que incluye modificaciones respecto a su presentación inicial del 21 de diciembre de 2023.
La normativa tiene como objetivo combatir el dinero ilícito, proteger a los ciudadanos y aplicar reglas claras para todos los sectores económicos, incluyendo bancos, remesadoras, abogados y operaciones con bitcoin. Según los legisladores, la ley busca que los trámites sean ágiles para clientes de bajo riesgo y que se apliquen controles estrictos cuando existan señales de riesgo reales.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que la ley redefine el alcance de los sujetos obligados, limitándolo a personas o entidades que representen un riesgo real, como bancos, casinos, joyerías y comercios de metales preciosos. Con esto se evita la carga innecesaria de información y se promueve la eficiencia del sistema financiero, sin excluir a sectores legítimos o vulnerables de acceso a servicios financieros.
El diputado Caleb Navarro señaló que la ley excluye a algunos sectores como agencias de viajes, empresas de seguridad, farmacias y laboratorios, y enfatizó que la normativa protege la presunción de inocencia, garantizando que nadie sea sancionado sin un juicio público y conforme a la ley.
Sin embargo, la legisladora Cesia Rivas calificó la ley de ambigua y discrecional, cuestionando si se trata de un instrumento de investigación contra la delincuencia o una norma de fomento financiero.
Según sus impulsores, la normativa busca un equilibrio entre la prevención de delitos financieros y la inclusión económica, evitando que personas y negocios legítimos sean excluidos del sistema financiero.