El proyecto de Ley General del Sistema Portuario Nacional sigue ganando terreno en el Congreso y genera expectativas en el sector privado por su potencial para modernizar la infraestructura marítima y desatar una ola de inversiones.
La iniciativa, que busca actualizar el marco normativo de los puertos del país, ya superó etapas clave y se acerca a su aprobación definitiva.
Según fuentes del sector, desde que la Autoridad Portuaria Nacional (APLAN) comenzó operaciones en 2023, se han registrado proyectos en trámite por US$194 millones, un crecimiento que responde directamente a la mayor certidumbre jurídica y al interés de inversionistas nacionales e internacionales. El corredor interoceánico destaca como uno de los grandes beneficiados.
Este proyecto estratégico, que conectaría el Atlántico y el Pacífico guatemalteco, podría recibir un impulso decisivo con la nueva ley, al facilitar esquemas de participación público-privada, agilizar trámites y mejorar la competitividad logística del país en la región.
Expertos consultados coinciden en que la normativa actual data de décadas atrás y limita la atracción de capital fresco. La propuesta en discusión introduce mecanismos modernos de concesión, regulación más eficiente y mayor seguridad jurídica para operadores privados, elementos clave para reducir costos logísticos y tiempos de espera en las terminales.
En el ámbito empresarial se resalta que esta ley no solo fortalecería los puertos existentes, sino que posicionaría a Guatemala como un hub logístico más competitivo frente a vecinos centroamericanos.
El avance legislativo llega en un momento clave, cuando el gobierno y el sector privado impulsan agendas de infraestructura para captar flujos de inversión extranjera directa.
El tema cobró fuerza en foros recientes organizados por cámaras empresariales y think tanks, donde se subrayó el impacto positivo esperado en empleo, comercio exterior y desarrollo regional. Mientras el Congreso define los últimos detalles, los ojos del sector logístico y de inversión están puestos en la posible sanción de la ley en las próximas sesiones.
Con este paso, Guatemala busca dejar atrás rezagos históricos en infraestructura portuaria y abrir la puerta a un nuevo ciclo de crecimiento económico impulsado por el mar.