Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú acordaron implementar «ambicioso plan» que luego podría extenderse a toda Latinoamérica.
ECUADOR.- Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú acordaron ayer, en la reunión de la Comunidad Andina (CAN), celebrada en Lima, un plan de acción para contrarrestar a la delincuencia organizada.
La ola de violencia desatada en Ecuador luego de la fuga el 07 de enero del narco José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fue considerada como «una amenaza a la institucionalidad democrática de la subregión andina», y la reunión extraordinaria del CAN tenía como objetivo adoptar una respuesta coordinada ante los retos en materia de seguridad subregional.
El plan de acción regional consta de 13 puntos que abordan diversos ámbitos de colaboración, desde las acciones en las fronteras con la cooperación migratoria, aduanera, en materia penitenciaria e inteligencia, hasta el control del tráfico de armas, drogas y minería ilegal.
Asimismo, para combatir el narcotráfico, la trata de personas, minería ilegal y el tráfico de armas, municiones y explosivos.
Por lo anterior, los integrantes de la Comunidad Andina se comprometieron a reforzar los puestos de vigilancia fronterizos de forma coordinada con los países vecinos, además de colaborar en las tareas de identificación, control y neutralización de los pasos fronterizos no autorizados.
También, se prevé establecer un mecanismo «ágil» de intercambio de información migratoria «relevante» para crear el Banco Andino de Datos (BAD), donde se almacenará la información personal con los datos biométricos. La nueva herramienta facilitaría la detección de las personas con antecedentes, con requisitorias o con impedimento de tránsito.
Además, se acordó realizar «en el más breve plazo operaciones policiales y/o militares coordinadas, cuando corresponda», en las zonas fronterizas para «enfrentar los ilícitos transnacionales» y «ejecutar ejercicios operativos relacionados con el control del tráfico de drogas en las fronteras, como la transferencia de blancos aéreos, de conformidad a la normativa nacional de cada país».
La cooperación en materia de inteligencia, a su vez, permitirá «analizar el modus operandi de la delincuencia organizada transnacional» y coordinar el intercambio de información pertinente sobre las amenazas y riesgos comunes para «permitir una idónea y oportuna intervención policial, así como captura de integrantes y miembros de las organizaciones delictivas».
Para determinar los flujos financieros ilícitos, se pondrá en funcionamiento en el primer trimestre de este año un mecanismo andino de seguridad financiera, y también se creará la Red Andina de Seguridad 24/7 para garantizar el intercambio ininterrumpido y oportuno de información sobre las actividades de los grupos delictivos transnacionales.
La Cancillería de Colombia celebró la adopción del «ambicioso plan» y la consolidación del compromiso andino contra la delincuencia organizada «para proteger la institucionalidad democrática y los derechos de la ciudadanía», destacando el «trabajo coordinado, acciones concretas y participación activa».
Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sugirió que los acuerdos alcanzados por la Comunidad Andina podrían luego extenderse a toda Latinoamérica para enfrentar de manera conjunta a la delincuencia en la región.
