La fiscal está sancionada desde 2021 por Estados Unidos, que la considera «corrupta» y «antidemocrática».
GUATEMALA.- El gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente este jueves por «incumplimiento de deberes» a la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien emprendió en 2023 una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial.
«Con instrucciones del presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación a mi cargo, presentó hoy una querella penal» contra «la fiscal general» y un pedido para retirarle la inmunidad, informó el procurador general (abogado del Estado) Julio Saavedra, tras presentar la denuncia ante la Corte Suprema.
«Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero», agregó.
En aquella reunión en la Casa Presidencial, Porras se retiró anticipadamente al argumentar que la ley le prohibía participar en una junta de ministros, pues infringía la autonomía del Ministerio Público (fiscalía).
Sin embargo, Saavedra señaló que la ley del Ministerio Público le obliga al fiscal general a «atender las convocatorias del presidente».
«El rehusarse a participar en esa junta de gabinete, podría enmarcarse en una conducta delictiva […] como incumplimiento de deberes», aseguró.
Arévalo carece de facultad legal para remover del cargo a Porras, pero le ha pedido públicamente que renuncie, tras acusarla de haber orquestado un intento de «golpe de Estado».
