También «mensajes» en Radio y Televisión serán castigados con el retiro de la concesión y multas.
VENEZUELA.- El Gobierno venezolano avanzó en la aprobación de un proyecto de ley que busca imponer severas sanciones a personas y organizaciones que promuevan el fascismo, neofascismo y expresiones similares. La ley fue aprobada en una primera discusión y será sometida a una segunda.
El ‘fascismo’ es un término muy utilizado por el oficialismo para referirse a la oposición. La semana pasada, en medio de una alocución, Nicolás Maduro calificó al partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, como un «movimiento terrorista», «un partido fascista de extrema derecha».
La ley, que consta de 30 artículos, establece que «toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena».
Además, si los «mensajes prohibidos» son divulgados en radio y televisión, las emisoras serán castigadas con la revocatoria de la concesión para emitir al aire, mientras que se impondrán multas a medios electrónicos o impresos de hasta a 100.000 dólares. Serán prohibidas también las reuniones o manifestaciones, así como «organizaciones políticas» donde se considere que existe una apología al fascismo.
«Esta ley contra el fascismo busca complementar la Ley de Partidos Políticos, pero busca también complementar y desarrollar (…) la ley del odio», dijo la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez al exponer el texto aprobado en primera discusión.
Activistas de derechos humanos consideran que esta ley, que será sometida a una segunda discusión antes de su sanción definitiva, implica más represión, pues «atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas», señaló en X el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.
En 2017, Maduro, cercado por protestas que dejaron más de 120 fallecidos y 1.958 heridos, propuso la «Ley contra el Odio, la convivencia pacífica y la tolerancia», que castiga con hasta 20 años de prisión a quienes sean señalados de «promover o incitar al odio».
La oposición, en tanto, denuncia que esta ley, que prohíbe la conformación de partidos políticos y organizaciones sociales señaladas de «promover el odio y la intolerancia» castiga la disidencia política. Desde comienzos de año, más de 30 personas han sido detenidas, incluyendo al equipo de campaña de María Corina, acusados de organizar atentados contra la vida de Maduro.
Líderes mundiales de izquierda, aliados del régimen de Maduro, como Gustavo Petro, Pepe Mujica o Inácio Lula da Silva se han pronunciado en contra de los atropellos que obstaculizan el ejercicio democrático en el país, a lo que el chavismo ha respondido con disgusto. «No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan», ha expresado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
