La CCR afirma que los alcaldes y sus concejos municipales no podrá autorizar egresos de fondos que no estén consignados expresamente en el presupuesto.
EL SALVADOR.- Tras el escándalo que han causado algunos alcaldes y concejos municipales por supuesto aumento de salarios a dos días de haber tomado posesión en los 44 nuevos municipios, la Corte de Cuentas de la República (CCR) ya se ha pronunciado y advierte que auditores se encuentra trabajando en territorio para que, en caso de encontrar irregularidades, se proceda a realizar las acciones de control correspondientes.
«Ejerciendo el mandato constitucional y en el marco del Plan Masivo de Fiscalización Municipal, reafirmamos el compromiso y el cumplimiento del art. 207 de la Constitución de la República, el cual establece que los Concejos Municipales deben emplear los fondos públicos en beneficio de la ciudadanía y rendir cuentas de cada centavo invertido», dice el comunicado.
Por lo anterior, la CCR afirmó que los alcalde y sus concejos municipales deben obedecer y cumplir lo establecido en los artículos 30, 31 y 78 del Código Municipal, que indican que «el concejo no podrá acordar ningún gasto para el cual no exista previsión presupuestaria»; asimismo, no podrá autorizar egresos de fondos que no estén consignados expresamente en el presupuesto.
«Los 44 alcaldes electos por los salvadoreños tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos de manera diligente, garantizando un gobierno local transparente, eficiente y comprometido con el bienestar de la población a la que se deben y representan», acotó la CCR.
Ante los hechos, los equipo de auditores se encuentra trabajando en territorio para que, en caso
de encontrar irregularidades, se proceda a realizar las acciones de control correspondientes, informando los hallazgos oportunamente a la Fiscalía General de la República, como lo contempla el art. 8-A de la Ley CCR, así lo afirmó la misma institución.
Y es que, a la Ley Especial para la Reestructuración Municipal tiene como objetivo la reducción del gasto, para que estos sean reorientados en proyectos de infraestructura y sociales, permitiendo una atención más pronta y eficaz a los ciudadanos.
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