El acto de emitir el voto de forma libre, igualitaria y secreta, como lo haremos los salvadoreños entre enero y marzo de 2024 en elecciones generales, conlleva tal nivel de implicaciones que es menester que como sociedad profundicemos en ello a conciencia.
Diversas son las razones que llevan a un ciudadano a destinar unos minutos u horas para hacer valer su derecho y cumplir el deber: patriotismo, simpatía con candidato o ideología política, interés de que determinada persona triunfe para obtener algún favor, promesa de cambio, expectativa de modificar o cambiar determinado escenario, enojo con las autoridades de turno, voto de castigo, desconocimiento, etcétera.
Partiendo de la premisa de que en un sistema democrático el poder radica en el pueblo (el soberano), pero este elige a sus representantes para que lo ejerzan, el votar trata de la transferencia de poder. Algunos hacen el símil con la entrega de un cheque que deriva en la expresión de que elegir a una autoridad no implica entregarle «un cheque en blanco». Realmente es un cheque en blanco, pero con bordes, o sea, no es un cheque sin limitantes. Tiene una vigencia de tres o cinco años, según el mandato. Esos bordes representan el marco legal del país, que inicia con la Constitución de la República y continúa con el resto del marco jurídico, incluyendo, por supuesto, a la Corte Suprema de Justicia y su Sala de lo Constitucional, como máximo intérprete de la Carta Magna con sus fallos vinculantes e inapelables.
La transferencia de poder conlleva la confianza (con fe) de que el gobernante elegido tiene la capacidad de ejercerlo adecuadamente, ya que el gobernado no tiene el tiempo, los recursos ni los alcances —de diversa naturaleza— para hacerlo; de lo contrario, no tendría sentido el que delegue mediante su voto dicha responsabilidad, sino que buscaría ser gobernante y no gobernado.
Conforme las sociedades se desarrollaron buscando el mejor modelo de gobernanza fueron estableciendo parámetros para que en ese cheque en blanco no se dibujara cualquier «aberración». Oficio complejo. Algunas caminaron más rápido que otras, categorizando hoy en día a las avanzadas, en vías de desarrollo (emergentes) y atrasadas; clasificación que depende mucho de quién establece los parámetros para hacerlo. Hay monarquías, sultanatos, democracias, autocracias, clanes, jefes tribales, congresos, asambleas, partidocracias, teocracias, aristocracias… cada pueblo en busca del mejor modelo.
En El Salvador, luego de dictaduras militares, gobiernos de transición y posguerra, en el cheque en blanco emitido en 2019, endosado a nombre de Nayib Bukele, se han ido dibujando escenarios muy distintos a los perfilados durante 30 años por funcionarios de ARENA y del FMLN. Es sabido que los seis cheques en manos de areneros y efemelenistas fueron sobregirados, y no a favor del emisor, el pueblo, sino para beneficio particular de los gobernantes o sus cercanos, muchos de ellos ahora huyen de la justicia, renegando incluso de la nacionalidad salvadoreña con tal de protegerse.
Ambos partidos, o sus apéndices, anhelan que el pueblo les vuelva a endosar más cheques, y juran y perjuran que esta vez sí les darán buen uso, y en ese intento terminan deslegitimándose, pues arremeten contra Nayib Bukele y sus políticas, que tienen los más altos números de apoyo popular y aceptación registrados en décadas.
Una de las últimas estratagemas de la oposición política: presionar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con escritos y declaraciones por doquier para que dejen sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial de Nuevas Ideas. Invoca incluso a sancionadores internacionales como su salvador de la inminente derrota electoral y llama tontos a los votantes, de quienes espera su apoyo en 2024.
¿A quién dará el soberano el cheque con caducidad en 2029? Las encuestas dicen que la preferencia es para Nayib Bukele, Félix Ulloa y Nuevas Ideas. Es un asunto que resolveremos los salvadoreños.
