Al menos 46 de los más de 170 presos políticos acusados de delitos relacionados con la industria petrolera en Venezuela fueron excarcelados el jueves, según constató un equipo de la AFP. Las liberaciones se produjeron de forma intermitente en la prisión de Yare, ubicada a unos 75 kilómetros de Caracas, donde decenas de familiares se congregaron a la espera de noticias.
El proceso ocurre en medio de una ley de amnistía impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro a inicios de enero. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que alrededor de 500 personas no han sido beneficiadas y permanecen detenidas.
Uno de los casos excluidos de esta amnistía es el denominado “PDVSA Obrero”, que agrupa a más de 170 detenidos, entre trabajadores de la estatal petrolera, agentes policiales y otras personas acusadas de delitos como contrabando, sabotaje y corrupción.
Familiares de los detenidos continúan a la espera de nuevas excarcelaciones. Algunos señalan que estos procesos también responden a gestiones con el Parlamento, que creó una comisión para atender casos no contemplados en la ley. Mientras tanto, personas liberadas han cuestionado las acusaciones y la lentitud en la aplicación de las medidas.
