Las autoridades de Seguridad están comprometidas con que El Salvador se convierta en uno de los países más seguros de la región y para lograr este objetivo se incluye depurar a los miembros nocivos de las instituciones de seguridad pública.
La aplicación de la justicia en el país involucra también a elementos de las fuerzas de seguridad que se han visto implicados en diversos delitos como tráfico ilegal de personas, hurto, violación, lesiones, entre otros casos.
Las actuales autoridades han reiterado en varias ocasiones que no descansarán hasta que toda persona que haya cometido delito sea investigado, denunciado y condenado, sin importar el cargo que ostente.
Entre los casos destacados está el arresto de seis miembros de la Fuerza Armada, acusados de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual. Según las autoridades, el pasado 23 de septiembre los militares violaron a una menor de edad en el municipio de Mizata, en La Libertad.
«Nuestro objetivo siempre será la protección de los más vulnerables y le caeremos con todo el peso de la Ley a los criminales, sin importar quiénes sean», indicó el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
Añadió «que este caso sirva para dejar claro que este es un nuevo país y estos que juraron defender a su patria, deberán pagar caro el daño ocasionado a una niña y su familia».
Por su parte, el presidente de la república, Nayib Bukele, reiteró el mensaje de impunidad cero en el país sin importar quienes hayan cometido los delitos.
«El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica, pero como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias. Pero no en El Salvador; todos los que cometan delitos, serán castigados con todo el peso de la ley, no importa quiénes sean. Impunidad 0, esa es la meta», ha dicho el mandatario.
Entre otros casos, en lo que va del año al menos seis agentes de la Policía Nacional Civil han sido detenidos por ser parte de estructuras de tráfico ilegal de personas. Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los imputados ayudaban a planear el traslado de las víctimas hacia Estados Unidos, los cobros variaban de entre $10,000 a $15,000.
Recientemente también otro exagente, identificado como Juan Pablo Zometa Gutiérrez fue capturado luego que provocara lesiones graves a un joven repartidor de pupusas en la colonia Primavera 2, Santa Ana.
La Policía explicó que el detenido contaba con antecedentes criminales por intento de homicidio en el año 2010, y en el año 2017 por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, lesiones y expresión de violencia contra las mujeres. Sin embargo, el sistema de justicia anterior lo liberó, pero fue depurado de la institución gracias al régimen de excepción.
En octubre pasado también la Policía siguió depurando a elementos dañinos del sistema; seis soldados fueron aprehendidos por hurtar $2,000 a una persona. El ofendido realizó la denuncia e inmediatamente fueron arrestados en Chinameca, San Miguel.
Autoridades de Seguridad han dicho que El Salvador necesita dentro del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, buenos elementos para llevar hasta la cárcel a todos aquellos malos ciudadanos que atentan con la paz y la integridad de los salvadoreños, sin importar su cargo.
