La Corte instó al presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a «promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso».
GUATEMALA – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó a las autoridades que garanticen la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera ante las últimas decisiones tomadas por la Fiscalía contra el Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE).
En este sentido, llamó a garantizar «la toma de posesión de todo funcionario electo» de conformidad con «los principios de legalidad, alternabilidad en el ejercicio del poder y el cumplimento efectivo de los mandatos legales y constitucionales».
«Se les exhorta a preservar el régimen democrático del Estado (…) observando que, imperativamente, la renovación de los integrantes del poder legislativo y el poder ejecutivo se lleve a cabo el 14 de enero de 2024», se lee en un comunicado emitido por la Corte.
Asimismo, instó al presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a «promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso», mientras que también ha afirmado que es necesario que toda autoridad «actúe en cumplimiento de la última etapa del proceso electoral».
«Lo decidido es sin perjuicio de las facultades de investigación, persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal, así como de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales», menciona.
La denuncia fue presentada por el constitucionalista Édgar Ortiz, quien defendió que las últimas decisiones llevadas a cabo por la Fiscalía habían generado cierta incertidumbre sobre la transición democrática, según informó el diario La Prensa.
Por otro lado, el Ministerio Público de Guatemala condenó un texto aprobado por la Eurocámara en la que acusa al Ministerio Público de actuar en contra de la Constitución y del Estado de Derecho, minando incluso «los principios más fundamentales de la democracia, incluida la separación de poderes».
«El Ministerio Público rechaza toda narrativa falsa y maliciosa y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial», indica en un comunicado recogido por Emisoras Unidas.
En el texto, la Eurocámara reclamó que los responsables de esta «obstrucción democrática» en el país centroamericano rindan cuentas, y han planteado al Consejo Europeo que adopte sanciones contra la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, y otros altos cargos por instrumentalizar sistemáticamente la justicia y criminalizar a la oposición.
El TSE oficializó en octubre los resultados electorales de la segunda vuelta de las presidenciales guatemaltecas del 20 de agosto, en las que se impuso Arévalo, dando así por concluido el proceso electoral. Sin embargo, el Ministerio Público ha pedido la anulación de todo el proceso electoral por presuntas irregularidades de su formación política y pretende así evitar que suba al poder.
