HONDURAS.- Hoy, lunes 22 de abril, empleados de la Empresa Cementos de Honduras S.A. de C.V., se han congregado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa, en una manifestación pacífica para expresar su preocupación y descontento por una reciente decisión judicial que pone en riesgo sus empleos y la estabilidad de la empresa.
Las medidas cautelares decretadas por el Juez de Letras Civil de San Pedro Sula, José Daniel Amaya Álvarez, ha generado consternación entre los trabajadores y directivos de la empresa. Esta medida, ejecutada con un evidente exceso de poder, ha ordenado el embargo de todo el inventario de producto, el cese de la importación de cemento en cualquiera de sus presentaciones, así como la prohibición de disponer de los bienes y de celebrar actos y contratos.
«Nos preocupa profundamente que estas acciones estén llevando a la MUERTE CIVIL de la empresa, impidiendo su operatividad y generando pérdidas significativas tanto para los empleados directos e indirectos como para la economía del país», indicó uno de los colaboradores de la empresa, además manifestó que el pasado jueves pusieron en conocimiento de los hechos a la honorable presidenta de la Corte Suprema de Justicia, del cual hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna.
A fin de parar los efectos de dichas medidas, los empleados interpusieron un Amparo con suspensión del acto reclamado en la Corte de Apelaciones Civil del Departamento de Cortés, de la cual están esperando respuesta.
«Exhortamos a las autoridades pertinentes a revisar esta decisión judicial y considerar su impacto en la estabilidad laboral y económica de cientos de familias hondureñas», dijeron los empleados de la empresa de Honduras.
