El magistrado acusa al presidente de Venezuela y a su ministro de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad; busca detenerlos para tomarles declaración indagatoria; Interpol debe decidir ahora si libra las circulares rojas.
ARGENTINA.- El juez federal Sebastián Ramos ordenó la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su segundo, Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, acusados de delitos de lesa humanidad y de cometer violaciones a los derechos humanos.
El magistrado dispuso que las órdenes de detención se tramiten por Interpol y explicó que la decisión obedece a detenerlos para que presten declaración indagatoria en una causa que tramita en Argentina con denuncias de refugiados venezolanos que dijeron haber sufrido torturas y con informes de organismos internacionales que acreditan esas vejaciones y asesinatos de opositores.
Ramos escribió que pidió las capturas a fin de cumplir con lo indicado por la Sala I de la Cámara Federal, que había resuelto indicarle al juez que hiciera los pedidos de arresto con fines de extradición.
Los pedidos de captura de Ramos fueron enviados a Interpol, que deberá decidir si libra circulares rojas con pedidos de captura para que estén vigentes en todos los aeropuertos del mundo. No es automático, Interpol debe decidir si aprueba o no estas circulares.
Si lo hace, cuando Maduro deje Venezuela y toque un país que integra Interpol, se expone a que sea detenido si así lo deciden sus autoridades.
Ya ocurrió algo similar en la causa AMIA, donde hay funcionarios iraníes con pedido de detención, que a pesar de la circular roja de Interpol, cuando fueron a otros países no fueron molestados.
Ramos inicialmente consideraba que no era necesario avanzar sobre Maduro en la Argentina en virtud del principio de “justicia universal” en casos de derechos humanos, ya que estaba abierta una investigación en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a instancia de los fiscales Carlos Stornelli y Juan José Agüero Iturbe y de los querellantes, representados por el abogado Tomás Farini Duggan, la Cámara Federal lo instruyó para que avance.
Asimismo, el juez dispuso la captura internacional de otras 14 personas, correspondientes a las estructuras de las organizaciones de mando intervinientes, mandos medios, cuyas identidades se mantienen en reserva.
La Cámara Federal, con los votos de Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, había enumerado como evidencia el contenido de dos legajos reservados con decenas de testimonios de refugiados que fueron torturados y detenidos de manera ilegal en Venezuela y el contenido de una docena de informes de organismos internacionales que documentan la represión en Venezuela, los arrestos ilegales y los tormentos que sufrieron los detenidos políticos.
Los camaristas se pronunciaron en el expediente iniciado por la denuncia en Comodoro Py de la Clooney Foundation for Justice, una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su esposa Amal, una abogada defensora de los derechos humanos. Allí se pidió indagar a Maduro por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Con esa evidencia el tribunal concluyó: “Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados –las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales–, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución –secuestros, torturas, asesinatos– a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”.
“La colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, de manera urgente, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria” por episodios graves que “se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha”.
La idea de disponer las capturas era evitar que se sigan perpetrando las mismas prácticas que –dijeron los jueces– continúan reproduciéndose en la actualidad.
En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, hay denuncias de torturas, desapariciones y detenciones que realizó el gobierno de Maduro. Según afirma la querella, esas violaciones a los derechos humanos ocurren desde 2014 en Venezuela, pero se han visto “agravadas” tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación.
Una de las víctimas, un hombre que supera los 30 años y cuya identidad permanece en reserva, relató con detalle cómo fue apresado y torturado por oficiales del servicio de inteligencia bolivariano. La víctima, que cuenta con status de refugiado en el país, contó que, con el pretexto de realizarle una entrevista, los oficiales del régimen se presentaron en su casa y lo apresaron. Relató, entre otros hechos, que fue interrogado, que su familia recibió amenazas y que fue amenazado con un arma de fuego puesta en su boca, además de golpeado y amedrentado por oficiales bolivarianos. Indicó que permaneció preso junto con otros 18 detenidos en una celda para cinco personas. “Orinábamos en botellas de plástico”, sostuvo. Su liberación se dio solo a partir de una negociación política, dijo ante los jueces de la Cámara Federal la semana pasada.
Otro testigo contó haber sido parte de “Marcha de los Estados”, una movilización que convocó a la sociedad civil a concentrarse en distintos puntos de Venezuela para manifestarse en contra del gobierno venezolano. Según relató ante los jueces argentinos, fue interceptada por un “piquete” de la guardia nacional bolivariana que extinguió esa protesta a fuerza de gases lacrimógenos. Uno de ellos le explotó en su rostro. Al llegar al hospital, por el temor a ser capturada, indicó que la inflamación en su cara era producto de un golpe que había sufrido en su casa. Es que, según explicó, se había librado la orden de detener a los manifestantes que llegaban heridos a los hospitales.
El primer testigo que presentó la querella afirmó haber estado detenido por tres años y medio en el Helicoide, un edificio que pertenece al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El régimen lo acusaba de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armamentos. Afirmó haber sido víctima de “tortura psicológica” junto a otros detenidos. Uno de ellos, en un hecho que calificó como “punto de quiebre” durante su detención, apareció ahorcado en su celda en marzo de 2015.
La reacción venezolana
Mientras en la Argentina avanza la causa contra Maduro, en Venezuela el fiscal general Tarek William Saab ratificó la orden de captura del presidente Javier Milei por su vinculación en lo que considera el “robo” de un avión de la empresa estatal venezolana Emtrasur, que fue incautada en Ezeiza en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
El funcionario informó que la orden fue remitida a Interpol, y además del mandatario argentino también incluye a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Esperaremos a ver cómo actuará esa organización ante el robo, desmantelamiento y daño al patrimonio nacional”, expresó William Saab.
La investigación que desarrolla el Ministerio Público venezolano contra los tres funcionarios argentinos es por haber retenido y luego entregado a Estados Unidos el avión de carga venezolano. En la Argentina se investigó si ese aparato con tripulación venezolana e iraní estaba haciendo tareas de espionaje
“Consideramos que esta acción se enmarca en el contexto de los continuos ataques orquestados por los Estados Unidos y otras potencias extranjeras y sus países satélites en el continente para agraviar para mancillar la soberanía nacional” expresó.
El gobierno de Estados Unidos confiscó en febrero último el avión de carga Boeing de la estatal venezolana Emtrasur, que estaba en Buenos Aires y había sido vendido por una aerolínea iraní sancionada, en violación de las leyes federales de control de exportaciones.
Maduro habla de Milei casi a diario. “Una arremetida internacional, de la internacional fascista, neofascista y de expresiones similares (…) al frente va Milei con toda su esquizofrenia, con toda su sociopatía sádica de hacer sufrir a los pueblos”, dijo esta semana.
