EL SALVADOR.- Este día, los diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia recibieron al magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Quinteros, para que brindara su opinión técnica sobre las reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal.
Según los diputados, las reformas buscan cambiar el plazo máximo de duración de la medida cautelar de la detención provisional.
Además, establecer enmiendas respecto a la ejecución de la responsabilidad civil de quienes resulten condenados en un proceso penal, garantizando el derecho de las víctimas. Asimismo, modificaciones en lo relativo a la prueba pericial y la aplicación de los procedimientos especiales regulados en la normativa, que permitan un ejercicio más efectivo de las competencias fiscales.
«Sobre el plazo máximo de la detención provisional vemos positiva la iniciativa, especialmente por los tiempos que puedan demorar determinados procesos administrativos», explicó Quinteros Espinoza. En torno a las reformas a las penas de determinados delitos comunes, el funcionario remarca que las propuestas deben estar acorde a la escala descendente de los delitos punitivos patrimoniales.
«En ejercicio de estas penas propuestas, se requeriría de un ensayo o prueba de adecuación de los rangos punitivos sugeridos en el proyecto de reforma», sugiere el presidente de la Sala de lo Penal de la CSJ.
Las modificaciones al Código Penal tienen por objetivo asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales, lograr un descongestionamiento de los tribunales y proteger los bienes jurídicos relativos al patrimonio privado, tomando en cuenta la movilidad que usan los delincuentes en el territorio para cometer ilícitos.
En ese sentido, el magistrado Alejandro Quinteros expresó que la segunda iniciativa en estudio (al Código Procesal Penal) consiste principalmente en la agravación de las penas de los principales delitos contra el patrimonio y en una mejora sistemática de la regulación de esos delitos.
Sobre las reformas al Código Procesal Penal, el Magistrado manifiesto que son modificaciones atinadas que buscan incrementar la eficiencia del proceso penal. Además, agrega que son cambios acertados para fortalecer la capacidad instalada del órgano Judicial y optimizar los mecanismos de solución inmediata a la población.
«Con las reformas propuestas, nos ponemos a la vanguardia en materia judicial. Me parece acertado que ahora que el país está viviendo una nueva realidad, reforcemos el ámbito de protección de otros bienes jurídicos que son relevantes para la colectividad. A todos nos preocupa el patrimonio», aseveró el magistrado Alejandro Quinteros.
Según se ha detallado en el seno de la comisión anteriormente, el aumento de penas en los delitos de hurto, estafa simple y estafa agravada reforzará los resultados obtenidos por el Régimen de Excepción y el Plan Control Territorial, los cuales han permitido reducir los homicidios y otros delitos.
