En el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República acusó la mañana del martes a 30 personas señaladas de integrar una red de corrupción conformada por representantes de escuelas de manejo, empresas examinadoras y exempleados del Viceministerio de Transporte (VMT).
El ministerio público señala en la solicitud de imposición de medidas que vendían exámenes aprobados para obtener licencias de conducir.
De los 30 procesados, 24 son presentes y fueron trasladados a la sede judicial para que les notifiquen los delitos, mientras que a seis les han iniciado el proceso penal como ausentes ya que el día del operativo de captura no los ubicaron.
La Fiscalía ha solicitado que al finalizar la audiencia sigan en detención por agrupaciones ilícitas, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad ideológica, cohecho propio, falsedad documental agravada, incumpliendo de deberes, cohecho activo y estafa informática,
Fiscales de la Unidad de Administración de Justicia pusieron a la orden del tribunal todas las evidencias en contra de la red y demostrar que había una confabulación para emitir las licencias a cambio de $800, $1,000 y $1,500.
Entre los imputados también hay un notario que elaboró documentos falsos, socios y dueños de la empresa examinadora Escoprond S.A. de C.V., Escuela de Manejo López y de Atlantic Seguridad S.A. de C.V.
En el expediente, el ministerio público también está acusando a personas que adquirieron las licencias y las han utilizado, ya que al procesar los chips se verificó que los documentos son falsos.
La estructura comenzó a ser indagada tras denuncias que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte interpusieron en la Fiscalía.
Las pesquisas a través de técnicas especiales de investigación en las que participó la Policía Nacional Civil (PNC), permitió detectar que la red operaba en los alrededores de Sertracen San Salvador, en escuelas de manejo y examinadoras de la zona y otros departamentos como Santa Ana, Usulután, Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, San Miguel y San Salvador.
Fiscales y policías investigaron que los interesados en adquirir la licencia no se sometían a los exámenes regulados por la ley (teóricos, prácticos y visuales), incluso varias personas no sabían leer ni escribir.
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