El presidente de la Sala de lo Penal considera que la Ley penal juvenil busca separar a los jóvenes que han cometido delitos relacionados al crimen organizado de aquellos que de manera fortuita han cometido un delito.
SAN SALVADOR.- Este martes 11 de febrero la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia inició el estudio de reformas a la Ley Penal Juvenil, Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley Penitenciaria conociendo las opiniones al respecto del presidente de la Sala de lo Penal Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Quinteros.
El presidente de la Sala de lo Penal considera que la Ley penal juvenil busca separar a los jóvenes que han cometido delitos relacionados al crimen organizado de aquellos que de manera fortuita han cometido un delito.
Sobre reforma a Ley contra el crimen organizado, Quinteros menciona que existen 44 jueces especializados, en 11 tribunales de esa área.
Estas son sus opiniones:
Reforma a la Ley Penal Juvenil
La reforma reconoce que los menores de edad que participan en organizaciones criminales tienen una dinámica delictiva distinta a la de otros menores de edad en conflicto con la ley.
Se busca evitar la contaminación criminógena entre menores de edad con diferentes niveles de involucramiento en El fin de proteger a aquellos con menor grado de peligrosidad.
Se unifica el tratamiento de estos menores de edad con el régimen de la Ley Contra el Crimen Organizado, evitando duplicidad de criterios procesales y sustantivos.
La medida responde a la realidad de que algunos menores de edad han adquirido roles activos en estructuras criminales, participando en delitos de alto impacto social.
La reforma establece que la Dirección General de Centros Penales será la autoridad encargada de administrar los centros de reclusión para estos menores de edad, lo que permite un control más riguroso sobre su manejo y perfil criminológico.
Se prevé un sistema de separación por pabellones hasta que cumplan la mayoría de edad, reduciendo el riesgo de contacto con delincuentes adultos.
La propuesta de reforma responde a una necesidad de seguridad ciudadana y reconoce la realidad de la participación de menores de edad en estructuras de crimen organizado y la necesidad del régimen especial que debe regir el sistema penal juvenil.
La propuesta de reforma a la Ley Penal Juvenil responde a una necesidad urgente de seguridad ciudadana, dado el impacto del crimen organizado en la sociedad salvadoreña. La creciente participación de menores de edad en estructuras criminales ha generado preocupación, no solo por su instrumentalización dentro de las organizaciones delictivas, sino también por el riesgo de que el sistema de justicia juvenil
Reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado
La reforma propuesta, principalmente, establece que los Tribunales y Cámaras Contra el Crimen Organizado serán los encargados de vigilar y garantizar la ejecución de las penas impuestas por delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado.
La medida se alinea con las estrategias de combate a la delincuencia organizada en otros países, donde se han adoptado regímenes especiales de ejecución penal para casos de criminalidad, compleja.
Como objetivo fortalecer la ejecución de las penas impuestas a miembros del crimen organizado, garantizando que estas sean cumplidas de manera estricta y, además, permite reforzar el control del sistema penal sobre los condenados por este tipo de delitos.
Asimismo, se garantiza que el tratamiento diferenciado para adolescentes en conflicto con la ley se mantenga bajo la competencia del juez de garantías al menor, asegurando así que la fase de ejecución de medidas reeducativas se ajuste a los principios de rehabilitación y reinserción social.
Este modelo permitirá que la transición de competencias se realice sin afectar el funcionamiento de los tribunales especializados, consolidando un sistema de ejecución de penas más eficiente, especializado y adaptado a las necesidades del combate al crimen organizado.
Reforma a la Ley Penitenciaria
La reforma a la Ley Penitenciaria busca armonizar el marco normativo con las modificaciones introducidas en la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley Penal Juvenil, asegurando que la ejecución de penas para condenados por delitos de crimen organizado esté bajo el control de los Tribunales y Cámaras Contra el Crimen Organizado, en lugar de los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. Además, introduce disposiciones específicas sobre la separación de menores de edad y adultos jóvenes en centros penitenciarios.
El Juez de Garantías al Menor dentro de los tribunales especializados debe tener competencia exclusiva sobre la ejecución de las penas de las personas menores de edad, asegurando un enfoque diferenciado del régimen penitenciario para adultos.
