La organización exige la rendición de cuentas por supuestas violaciones a derechos humanos.
EL SALVADOR.- La organización Cristosal celebró este jueves la liberación de más de 250 ciudadanos venezolanos detenidos previamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, pero advirtió que el hecho no representa justicia, sino un “intercambio político de rehenes” fuera del marco del derecho internacional humanitario.
En un comunicado oficial, Cristosal indicó que esta liberación, parte de un acuerdo entre los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Estados Unidos, no borra las graves violaciones a los derechos humanos que, según la organización, enfrentaron los migrantes.
“Esta liberación es sin duda un avance, pero no debe verse como un acto de justicia, sino como parte de un acuerdo político… muestra cómo algunos gobiernos usan el encierro injustificado de personas como si fuera una moneda de cambio”, expresó Cristosal.
La organización aseguró que más del 90% de los detenidos no tenían antecedentes penales ni enfrentaban procesos judiciales, y que sus investigaciones no hallaron pruebas que los vinculen a estructuras criminales, pese a los señalamientos iniciales de autoridades salvadoreñas y estadounidenses.
Cristosal también alertó sobre el riesgo que enfrentan los repatriados con estatus de asilo o procesos en curso en Estados Unidos, advirtiendo que su retorno a Venezuela podría violar el principio de no devolución, una norma clave del derecho internacional.
Durante los más de cuatro meses de detención, los venezolanos permanecieron incomunicados, sin acceso a defensa legal ni contacto con sus familias, lo que la organización calificó como una forma de desaparición forzada.
“En El Salvador hay más de 86,000 personas detenidas sin poder comunicarse con sus familias, sin acceso a un juicio justo ni a una defensa adecuada”, advirtió el comunicado.
Cristosal afirmó que acompañó a más de 150 familias venezolanas y presentó cerca de 80 recursos de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, ninguno de los cuales ha sido resuelto.
Finalmente, la organización exigió que todos los gobiernos involucrados rindan cuentas por las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y deportaciones ilegales, y llamó a la comunidad internacional a vigilar el respeto a los derechos de las personas repatriadas.
“La justicia debería estar regida por un Estado de derecho y no depender de conveniencias políticas. Esta liberación es solo el comienzo, pero la lucha por la verdad, la justicia y la reparación apenas comienza”, concluyó el comunicado.
