“Entre 2019 y 2025, el Estado salvadoreño convirtió la persecución política en un modelo estructural y sostenido”, denuncia Cristosal.
EL SALVADOR.- Este jueves, la organización Cristosal publicó su informe titulado “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador (2019–2025)”, donde documenta la presunta persecución y encarcelamiento de personas por motivos políticos en El Salvador.
Según el informe, 245 personas han sido víctimas de este patrón de persecución, entre las cuales se incluyen defensores de derechos humanos, periodistas, y miembros de la oposición política. Entre los casos mencionados se encuentran la abogada Ruth López, los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, el exalcalde Ernesto Muyshondt y la exdiputada Lorena Peña.
“El régimen ejecuta esta persecución mediante un conjunto de mecanismos que combina y refuerza entre sí: el hostigamiento y la vigilancia —a través de amenazas, segregación, estigmatización y presión directa—; la activación de acciones judiciales no penales, como procesos administrativos, civiles o disciplinarios utilizados para desgastar y deslegitimar; y la criminalización penal, que incluye procesos con motivación política, detenciones arbitrarias y el uso sistemático de la prisión preventiva como forma de castigo anticipado”, señalan.
El reporte destaca que, entre 2019 y 2025, el Estado salvadoreño ha utilizado el sistema de justicia como herramienta para reprimir a voces críticas. También indica que, en 2021, el gobierno asumió el control de las principales instituciones del sistema judicial, consolidando la criminalización penal como el mecanismo central de represión.
Según el informe de Cristosal, de las 245 personas documentadas, 180 (73,4 %) enfrentaron procesos penales. De ellas, 174 fueron perseguidas exclusivamente por la vía penal, mientras que seis casos involucraron otras acciones punitivas. Actualmente, 60 de estas personas continúan detenidas y solo siete han sido condenadas, en procesos que siguen patrones observados en otros países como Nicaragua y Venezuela.
La persecución también ha afectado a defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas, quienes, según el reporte, representan el 60,4 % de las víctimas documentadas. “La persecución contra estos sectores ha sido constante y creciente entre 2019 y 2025”, reportan.
Mientras que, según el informe, las acciones contra opositores partidarios alcanzaron su punto más alto en 2021, la criminalización de voces críticas independientes se intensificó especialmente en 2025.
“Estos hallazgos confirman que El Salvador vuelve a enfrentar la existencia de personas perseguidas y encarceladas por motivos políticos, algo que no se registraba desde la firma de los Acuerdos de Paz”, concluye Cristosal.
