Quien era parte de la organización criminal identificada como “Ganaderos de Chalate”.
EL SALVADOR.- Este 29 de noviembre, el Tribunal 5.° contra el Crimen Organizado de San Salvador llevó a cabo la audiencia especial de imposición de medidas contra cinco procesados, identificados como parte de una estructura criminal, informó Centro Judiciales.
Según la investigación fiscal, los involucrados son:
Noé Miranda Guardado, quien fungía como fiscal en la oficina de Chalatenango, capturado el 27 de noviembre de este año y acusado de incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos, y agrupaciones ilícitas, tras ser investigado y vinculado con el exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, según indica el requerimiento fiscal.
La investigación sostiene que la supuesta estructura consistía en que Ayala Flores le daba órdenes al fiscal para apoyarlo en algunos procesos penales a cambio de dádivas económicas, explicó Centro Judiciales.
Asimismo, las autoridades han identificado a José Mario Burgos Reyes, un exempleado del Consejo Nacional de Administración de Bienes, acusado de cohecho propio y agrupaciones ilícitas, ya que presuntamente verificaba y modificaba información de diferentes inmuebles del exalcalde Ayala Flores a cambio de dinero.
Otra de las personas vinculadas a la estructura criminal es José Matías Caravantes Serrano, acusado de falsedad material e ideológica agravada y agrupaciones ilícitas, quien, de acuerdo con la acusación, sostenía conversaciones con el exalcalde en las que manifestaba que podía elaborar escrituras públicas, conseguir firmas, notarios y todo lo que necesitara.
El exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, también es procesado en esta estructura como cabecilla de la organización y acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica y cohecho propio. Cabe recalcar que ya cumple una pena de 45 años de prisión desde 2020 por delitos relacionados con el narcotráfico.
El juzgador valoró los indicios probatorios presentados por la Fiscalía General de la República, entre los que incluyen elementos obtenidos mediante técnicas especiales de investigación. Por ello, ordenó la instrucción formal con detención provisional para los cuatro imputados y otorgó un plazo de seis meses para robustecer la investigación.
Al quinto imputado M. M., abogado y notario, acusado de falsedad material agravada y agrupaciones ilícitas le ordenó medidas sustitutivas, incluyendo una caución económica de $3,000, según Centro Judiciales.
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