Tras la publicación de activos y pasivos, los mecanismos de fiscalización podrán requerir explicaciones sobre el origen de los ingresos y del patrimonio declarado.
EL SALVADOR.- Los funcionarios que declararon ingresos en cero en los formularios de activos y pasivos podrían enfrentar “problemas serios”, incluyendo la destitución del cargo y posibles responsabilidades penales, afirmó este lunes el abogado Julio Valdivieso, en la entrevista Las Cosas Como Son.
Las declaraciones surgen luego de que el Ministerio de Hacienda pusiera a disposición del público los datos de activos y pasivos de ministros, directores, diputados, presidente y vicepresidente. Esta obligación fue establecida en la Ley Anticorrupción y es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Valdivieso señaló que la declaración de activos y pasivos no se limita a un requisito administrativo, sino que constituye información patrimonial que podrá ser examinada por las autoridades competentes.
Explicó que el Ministerio de Hacienda cumplió con habilitar el portal para la presentación de activos y pasivos, mientras que la revisión y verificación de la información corresponderá a una comisión interinstitucional creada por la Ley Anticorrupción y liderada por la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese sentido, el abogado subrayó que la presentación de las declaraciones es apenas el primer paso y que posteriormente los mecanismos de fiscalización podrán requerir explicaciones sobre el origen de los ingresos y del patrimonio declarado.
Indicó que una persona puede tener ingresos distintos a su salario como funcionario, por ejemplo, provenientes de participaciones en sociedades o dividendos, pero deberá demostrar su origen lícito ante las autoridades.
También explicó que la declaración de activos y pasivos incluye no solo la información patrimonial del funcionario, sino además la de su cónyuge, hijos y conviviente.
Entre los funcionarios, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, aparece con pasivos por $312,177.36 y cero activos.
Valdivieso agregó que la ley contempla causales de destitución para quienes no presenten la declaración y advirtió que también podrían existir consecuencias para quienes la presenten con información deficiente o falsa, una situación que deberá ser evaluada por los organismos fiscalizadores.
“Entonces, serán los organismos de fiscalización los que les van a decir que subsanan o queden destituidos sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudiera cargarles”, concluyó.
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