Sostienen que la Ley pone en riesgo la existencia y viabilidad de las organizaciones y los medios de comunicación independientes en el país.
EL SALVADOR.- 25 Organizaciones internacionales señalan, en un escrito, que la nueva Ley de Agentes Extranjeros “amenaza los derechos y libertades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.“
Además consideran que la aprobación de la ley se ha dado como parte de un “grave retroceso en materia de derechos humanos, del debilitamiento del Estado de derecho y del desmantelamiento de los controles institucionales en El Salvador”.
Según las organizaciones, la ley viola los derechos a la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a defender los derechos humanos, pese a que en la misma ley se ha indicado que tiene como fin la transparencia de las organizaciones no gubernamentales.
Además sostienen que con la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) puede ser utilizado “de manera arbitraria”.
Respecto al impuesto de 30 % por transacción financiera que seha establecida en la ley, sostienen que en la normativa no se aclara si el impuesto actual del 10% sobre las donaciones se sumará a este nuevo impuesto. Añaden que esto aumentaría “aún más la carga financiera y la haría comparable a una confiscación de facto, poniendo en peligro la propia existencia y viabilidad de las organizaciones y los medios de comunicación independientes en el país”.
La ley, para las organizaciones también, según consta en la misiva:
- Abre la puerta al enjuiciamiento penal por incumplimiento de las prohibiciones y de la ley contra el blanqueo de capitales
- Intenta controlar y limitar las actividades que se consideran una amenaza para el Gobierno.
- Crea riesgos significativos de injerencia gubernamental en las operaciones de las entidades privadas: con el fin de atacar a las organizaciones disidentes o independientes, al tiempo que se refuerza a las que están alineadas con las autoridades.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes instan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a condenar y hacer un llamado al Estado para derogar la ley de Agentes Extrajeros; y a convocar de manera urgente un consejo para “abordar el retroceso democrático en El Salvador”.
También hacen un llamado al Congreso de los Estados Unidos a indicar a la administración Trump que no apoye este tipo de medidas que socaven el trabajo de la sociedad civil y personas defensoras.
