Tras una serie de protestas llevadas a cabo en Cusco en contra de la privatización del santuario de Machu Picchu, el legislador peruano Luis Aragón presentó una moción de interpelación contra la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga.
En tal sentido, la ministra Urteaga deberá responder ante el Congreso de la República por la “tercerización de la venta de los boletos virtuales para el ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu”.
Dichas entradas son vendidas a través de la plataforma web de la empresa privada Joinnus, esta acción derivó en varias acciones de calle por parte de la ciudadanía que grita “Machu Picchu no se vende”.
Pese a que el descontento social tuvo cabida dentro del Congreso de la República, varias organizaciones sociales de la ciudad de Cusco convocaron un paro general indefinido para ejercer más presión sobre la decisión de la venta de entradas al patrimonio cultural peruano.
Mientras los miembros del gabinete ejecutivo defienden la medida de venta de entradas, los cusqueños rechazan categóricamente la medida alegando que es una acción antipatriota.
Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, contestó a RPP que el Gobierno busca «transparencia» y «predictibilidad» para los visitantes de la ciudadela inca.
«Es positivo que se abra esa posibilidad de venta electrónica por el simple hecho de que cualquier turista que viene acá desde Europa o de Asia normalmente planifica su visita con dos meses de anticipación, por lo tanto, no podemos esperar que venga un turista para esperar que haga una cola e ingrese», dijo.
