Irregularidades que comentan empleadores públicos o privados tienen «repercusión fuerte», hasta 20 años de prisión. Todos están obligados a conceder permisos para ir a votar.
EL SALVADOR.- El ministro Rolando Castro aseguró que el Ministerio de Trabajo velará por la protección del derecho al voto «sin tolerar presión o injerencias».
La empresa privada e instituciones públicas están obligadas a conceder los permisos (con goce de salario) a sus trabajadores para ir a votar, por el tiempo que sea necesario.
Los empleadores privados y públicos deben respetar el derecho a ejercer el sufragio para elegir presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Legislativa, afirmó Castro, indicando que su equipo estará atento para documentar cualquier irregularidad que afecte a los trabajadores.
Las irregularidades pueden ser: que no se les permite a los salvadoreños ir a votar, ejercer presión o chantaje a los trabajadores e incidir por quién votar, dijo Castro, afirmando estas acciones tiene «repercusión fuerte».
«Cualquier obstaculización que impida el ejercicio al voto será considera fraude electoral, ya regulado en el artículo 295 del Código Penal, con penas de 10 a 20 años de prisión», advirtió Castro.
Finalmente, Rolando Castro instó a los salvadoreños a ir a votar: «recuerde que la verdadera democracia requiere que el voto sea libre de toda presión, su participación es fundamental».
