La Casa Blanca estudia un paquete de medidas contra jefes militares y de seguridad para castigar la intransigencia del régimen populista frente al inobjetable triunfo de González Urrutia y María Corina Machado en los comicios del 28 de julio.
ESTADOS UNIDOS.- Antony Blinken -secretario de Estado- y Dan Ericson -consejero de Seguridad Nacional para América Latina- ya empezaron a analizar medidas financieras y de investigación criminal contra Maduro y las figuras más prominentes de su gobierno. La lista tentativa también incluye a distintos niveles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Estados Unidos podría anunciar las medidas en las próximas semanas, mientras termina de confirmar si Maduro ha implosionado su círculo de confianza tras la derrota en los comicios del 28 de julio. Antes de esa fecha, el Ala Oeste de la Casa Blanca dialogaba con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y consejero del dictador.
Pero la última vez que hubo un contacto secreto, en las cercanías del Salón Oval se sorprendieron por ciertas actitudes de Rodríguez que no cuadraban con su habitual comportamiento en estos cónclaves.
En el Departamento de Estado no descartan que Maduro haya desplazado a Rodríguez por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Si fuera así, la comunicación informal entre DC y Caracas habría sufrido un daño importante.
Lula da Silva enfrenta las mismas dificultades que la Casa Blanca. Maduro resiste sus propuestas -nuevas elecciones presidenciales o gobierno de coalición-, y todavía no tiene intenciones de recibir en Caracas al presidente de Brasil junto a su colega de Colombia, Gustavo Petro.
El dictador no quiere decir en persona a Lula y Petro lo que ya señaló por teléfono o a través de sus voceros. Es decir: no perdió los comicios, y si González Urrutia y María Corina Machado aceptan esa premisa personal, estaría dispuesto a dialogar sobre el futuro proceso político en Venezuela.
Pese a la reticencia de Maduro, los mandatarios de Brasil y Colombia continúan con sus decisiones políticas que son funcionales al régimen populista.
La semana pasada, Silva y Petro se negaban a apoyar un proyecto de Resolución de la OEA que condenaba a Maduro porque citaba en sus fundamentos a un informe de la CIDH sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela.
Tras una larga negociación, y para lograr una condena por consenso contra la dictadura chavista, Estados Unidos junto a Argentina, Canadá, Ecuador, Paraguay y Uruguay aceptaron eliminar la mención a ese informe de la CIDH que describe la represión ilegal de Maduro.
Josep Borrell, Alto Representante de la UE, también se ha involucrado para lograr que Maduro reconozca la derrota, suspenda la represión ilegal e inicie la transición democrática. Borrell coordina esfuerzos con el secretario General de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, y dialoga con los opositores González Urrutia y María Corina Machado.
Pero el jefe de política exterior de la UE no pudo perforar la postura reluctante de Maduro. Como sucede con la administración Biden y los presidentes Da Silva y Petro, el dictador de Venezuela insiste con afirmar que triunfó en los comicios del 28 de julio.
A esta altura de los acontecimientos, Maduro apuesta a perpetuarse en su cargo pese a las marchas en su contra, la presión de la comunidad internacional y las sanciones que prepara la Casa Blanca para castigar sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
