Reducción histórica de homicidios e impunidad marcan resultados de la estrategia de seguridad.
EL SALVADOR.- El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, asistió este viernes ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa para detallar la asignación de fondos de su cartera para 2026. Según el presupuesto presentado, la institución recibirá $702.5 millones, lo que representa un aumento de $113 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025.
Villatoro destacó que el objetivo del gobierno es transformar la seguridad de El Salvador. “No venimos a administrar la seguridad, venimos a transformarla”, subrayó el ministro durante su intervención.
El presupuesto asignado para 2026 contempla varias áreas clave. De los $702.5 millones, el 68.20% se destinará a la Policía Nacional Civil, con una asignación de $471.92 millones. Este monto incluye fondos para remuneraciones, bonos presidenciales, alimentación y uniformes.
En segundo lugar, los Centros Penales recibirán $128.63 millones, lo que representa el 18.59% del presupuesto total de la institución.
La Secretaría de Estado, encargada de coordinar la estrategia nacional de seguridad, contará con $42.09 millones, que corresponden al 6.08% del presupuesto, de los cuales $15 millones serán destinados específicamente para continuar con la lucha contra el terrorismo.
El Ministerio de Ciberseguridad del Estado recibirá $22.01 millones, representando el 3.18% de la asignación total para 2026. Otros rubros incluyen a la Academia Nacional de Seguridad Pública, que contará con $9.76 millones, así como a Migración y Extranjería, que recibirá $7.86 millones.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) tendrá una asignación de $6.54 millones, mientras que la Unidad Técnica (UT) recibirá $2.26 millones (0.33%). El Consejo Nacional Anticorrupción (CONAB) dispondrá de $890,000, según el ministro Villatoro.
El ministro detalló que en 2026 se asignarán $15 millones al nuevo modelo tecnológico policial. De ese monto, $6 millones serán destinados a la transformación del modelo policial mediante inteligencia artificial, y otros $6 millones para el cambio de banda corta a banda ancha en la Policía Nacional Civil. También, se invertirán $3 millones en la modernización del servicio de atención de emergencias y denuncias ciudadanas.
Asimismo, informó que se pondrá en marcha la Agencia de Desarrollo e Innovación de Seguridad Pública con una asignación de $3.4 millones. También se destinarán $2.4 millones para el desarrollo de software y modernización de sistemas operativos del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Finalmente, se invertirán $1 millón en el equipamiento de un laboratorio de drones y la compra de vehículos aéreos no tripulados.
Villatoro reiteró el compromiso de su cartera con la transformación de la seguridad en el país. “Esta ruta es de no retorno y nosotros vamos a continuar trabajando con esa firmeza, con esa valentía y con esa contundencia para que este país que hemos transformado en materia de seguridad sea realmente siempre un referente de prosperidad, de seguridad, de paz y sea un lugar donde las futuras generaciones puedan soñar en qué tipo de ciudadano pueden ser y cómo le pueden aportar a este país”, expresó.
Reducción histórica de homicidios e impunidad marcan resultados de la estrategia de seguridad
Durante la sesión, el ministro Villatoro presentó los resultados obtenidos en el marco de guerra contra las pandillas. Según detalló, hasta este año, se registra 89,875 detenciones, 5,084 armas de fuego decomisadas, 11,689 vehículos y 23,515 teléfonos móviles incautados a estructuras criminales.
Villatoro señaló que, como resultado de la implementación del régimen de excepción y del Plan Control Territorial, el país experimentó una reducción sostenida en la tasa de homicidios. En 2015, El Salvador registró una tasa de 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes, ubicándose en ese entonces entre los países más violentos del mundo.
Al cierre de 2022, con nueve meses de régimen de excepción, la tasa se redujo a 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2023, el indicador bajó a 2.4 y, al cerrar este año, se reportó una nueva disminución a 1.9, posicionando al país, según el ministro, como el más seguro del hemisferio occidental.
El ministro también destacó avances en la reducción de la impunidad. Villatoro afirmó que en 2019 esta alcanzaba el 97%, pero que al cerrar el primer año de la guerra contra las pandillas se logró una efectividad del 65%. En 2023, la tasa de impunidad fue del 5%, mientras que al cierre del año pasado se ubicó en 1.6%, lo que se traduce en solo dos asesinatos sin resolver de un total de 114 casos registrados ese año.
Según Villatoro, la tendencia se mantiene en 2025 con cero impunidad, y subrayó que estos resultados reflejan un “golpe de autoridad en materia de seguridad y justicia”.
