Ordenó una audiencia para examinar las pruebas.
ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal en Tennessee determinó que el proceso penal que enfrenta el salvadoreño Kilmar Ábrego García podría ser una represalia ilegal de la Administración del expresidente Donald Trump, y autorizó la realización de una audiencia probatoria para examinar las acusaciones.
El magistrado Waverly Crenshaw, del Tribunal de Distrito de Tennessee, accedió a la petición de los abogados de Ábrego y permitirá la presentación de evidencias que podrían demostrar que el caso federal por tráfico de inmigrantes en su contra tiene motivaciones políticas.
“El Tribunal considera que Ábrego ha presentado pruebas suficientes de que el Gobierno tenía interés en tomar represalias contra él”, señaló Crenshaw en una resolución de 16 páginas, emitida tras revisar documentos y declaraciones de funcionarios de la Administración Trump que mencionan al salvadoreño.
El juez solo emitirá una conclusión definitiva después de escuchar los testimonios de testigos y revisar más pruebas, lo que podría involucrar a altos cargos del Gobierno republicano.
Un caso marcado por deportaciones y acusaciones
Kilmar Ábrego García, quien huyó de El Salvador hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas, fue deportado por error en marzo pasado, pese a contar con una orden judicial que le permitía permanecer en Estados Unidos. Durante su estadía forzada en el país, fue recluido en el centro penal de máxima seguridad Cecot, en Zacatecoluca.
Posteriormente, la Administración Trump ordenó su retorno a territorio estadounidense, pero lo arrestó de inmediato y lo acusó de tráfico de personas. Desde entonces, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.
Ábrego, que vivía en Maryland junto a su esposa estadounidense y sus tres hijos, rechazó un acuerdo de culpabilidad ofrecido por el Gobierno, que implicaba aceptar los cargos a cambio de ser deportado a Costa Rica como “tercer país seguro”. Tras su negativa, Washington ha intentado deportarlo a Uganda y más recientemente a Esuatini, en el sur de África.
La Casa Blanca lo ha descrito como una persona “peligrosa” con supuestos vínculos con pandillas centroamericanas, acusación que el salvadoreño niega rotundamente.
El jueves, un juez de inmigración rechazó reabrir su caso de asilo, reduciendo las opciones legales de Ábrego para evitar una nueva deportación, mientras su defensa insiste en que todo el proceso responde a una persecución política por su activismo contra las políticas migratorias del entonces presidente Trump.
CON INFORMACIÓN DE EFE
