La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y el actual embajador en el Vaticano Iván Velásquez formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU para investigar redes de corrupción en el Estado guatemalteco entre 2007 y 2019.
Las pesquisas de la Cicig llevaron a prisión a altos funcionarios, por lo que, según organismos internacionales, las órdenes de captura fueron una represalia contra Camargo y Velásquez.
Una sala de apelaciones ordenó la detención de los funcionarios a mediados de 2025, luego de que la fiscalía guatemalteca los acusara de obstruir la justicia y de tráfico de influencias, entre otros delitos.
La decisión judicial señalaba que habían favorecido a empresarios de Odebrecht investigados por la Cicig.
Pero la Cámara de Amparo de la Corte Suprema, en una resolución publicada por la prensa local, resolvió que la sala «se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (…) al emitir ilegalmente órdenes de captura».
Camargo y Velásquez gozaban de inmunidad por representar a una entidad patrocinada por la ONU.
«A casi un mes de finalizar el período de la corrupta fiscal general, Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala», señaló Velásquez en X.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la acusan de «corrupta y antidemocrática», dejará el cargo el próximo 16 de mayo si no es reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien está enfrentada tras intentar impedir su investidura hace dos años.
La Cicig fue cancelada unilateralmente por el presidente derechista guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).
