El funcionario destacó que en su gestión se han establecido políticas de prevención de riesgos laborales.
SAN SALVADOR.- El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro dio a conocer que espera concretar acuerdo con un nuevo país para expandir el Programa de Migración Laboral a finales de mes.
En ese sentido indicó que con este programa a la fecha se han beneficiado a más de 10 mil salvadoreños que han tenido la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos o Canadá legalmente.
«Iniciamos el Programa de Migración Laboral con Estados Unidos y luego lo expandimos con Canadá. Mantenemos una relación sólida y duradera con este país. Este programa es legal y seguro. Recientemente, hemos firmado un acuerdo con Costa Rica para llevar a cabo una prueba piloto”, compartió el funcionario en una entrevista radial.
En ese sentido destacó que: “Actualmente, estamos evaluando la posibilidad de expandir nuestro programa a otro país, y esperamos que al final de este mes podamos concretar este acuerdo».
«Estos contratos son de naturaleza circular. Por ejemplo, cuando vence el contrato laboral, los compatriotas regresan al país durante 15 días. Las empresas realizan los trámites necesarios para renovarles el contrato y que puedan regresar a trabajar», dijo.
El funcionario destacó que en su gestión se han establecido políticas de prevención de riesgos laborales. Ahora, los empleadores están más inclinados a invertir en medidas preventivas para evitar accidentes en el trabajo.
“Cuando asumimos el cargo en el Ministerio, nos encontramos con la trágica noticia de un reciente accidente laboral en el que perdieron la vida trabajadores. La empresa apenas ofrecía $300 a las familias afectadas. Anteriormente, en los tribunales, apenas se llegaba a pagar $5,000 a las familias de los trabajadores fallecidos. Ahora hemos cambiado esa realidad”, indicó.
«Actualmente, resulta más económico para los empleadores invertir en andamios nuevos y equipo de seguridad que tener que pagar indemnizaciones de hasta $50,000. Hemos impuesto multas a empresas de seguridad por un total de 5.9 millones de dólares. Ahora, estas empresas han recurrido a contratar un bufete de abogados para llevarnos a la sala de lo contencioso», señaló el funcionario.
